El Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado en una respuesta parlamentaria que su objetivo es desbloquear la apertura de las desaladoras de Moncofa y de Orpesa antes del 31 de diciembre de 2015 para no tener que devolver 35 millones de euros obtenidos de subvenciones de la Unión Europea, cuyo retorno sería exigido si en dicho plazo las instalaciones no se encuentran en funcionamiento.
La respuesta del ministerio (a preguntas del diputado de Compromís Joan Baldoví) asegura que ambas plantas entrarán en funcionamiento durante el primer semestre de 2015, pero que las instalaciones tendrán que ser costeadas por los ayuntamientos a través de las tarifas del agua, aunque el Gobierno se sigue resistiendo a clarificar cuál sería el precio y se escuda en la existencia de una metodología de cálculo cuyo resultado aproximado sigue siendo una incógnita.
Según afirma textualmente el Ministerio de Medio Ambiente, «el precio final del agua producida por las plantas desaladoras se calcula en función de los costes de producción y de amortización de las plantas. Por este motivo, los convenios firmados con los ayuntamientos no incluyen los precios finales en términos monetarios, sino que determinan la metodología para el cálculo de las tarifas».
De este modo, el ministerio aún pretende que sean los ayuntamientos los que carguen con el coste de las dos macroinfraestructuras que han costado 57 y 51 millones de euros respectivamente (un total de 108 millones de euros). una vez restados los 35 millones procedentes de fondos europeos.
Así, según la tesis de la respuesta oficial del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, los ayuntamientos supuestamente receptores de las aguas (Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Orpesa y Cabanes) tendrían que asumir en virtud de los convenios firmados con el Gobierno un coste de 73 millones de euros a pesar de que las infraestructuras seguirían siendo titularidad del Estado. La respuesta del Gobierno lo indica textualmente: «las cantidades que tendrán que abonar para amortizar la construcción de la desaladora será el coste total de la inversión descontando las ayudas europeas».
Pese a ello, la entidad responsable de la gestión de las desaladoras (Acuamed) se ha negado de forma reiterada desde hace 5 meses a clarificar a preguntas de los usuarios (y también de este diario) cuál es el precio real que deberían asumir por el agua los municipios y hasta qué punto están realmente obligados a financiar la infraestructura.
Muchas dudas
Las incógnitas sobre el precio y los responsables de financiar la obra siguen en el aire, pero el Gobierno sí se ha aventurado a asegurar que las plantas abrirán en 2015 para no perder y tener que retornar las subvenciones europeas (17,2 millones en la de Orpesa y 17,9 en la de Moncofa).
Por su parte, los municipios se niegan a asumir el coste del agua y el supuesto compromiso adquirido en el convenio de abastecimiento. Es más, en varios de los casos (tales como el de Moncofa) el gobierno local asegura que nunca se firmó ningún compromiso al respecto y no hay ninguna obligación de comprar un agua que ahora no se necesita. Así lo explicó por ejemplo el alcalde de Moncofa, Jaime Picher: «El único compromiso era el de comprar el agua de la desaladora cuando el municipio la necesitara, algo que ahora no vamos a hacer porque no necesitamos ese agua y todos los posibles PAI y proyectos urbanísticos se han paralizado por la crisis económica».
De hecho, incluso aunque se necesitara el agua ante una amenaza de sequía, los ayuntamientos y los regantes no se muestran favorables a pagar un agua cuyo precio sigue siendo una incógnita opaca, aunque Acuamed sí admite que rebasa ampliamente el coste medio de otras fuentes de abastecimiento. Tanto es así que la propia entidad ha trasladado a los ayuntamientos y a los usuarios que la puesta en funcionamiento de las plantas sólo sería rentable si varios de los municipios de la zona realizaran una demanda conjunta de un volumen mínimo de agua. Mientras tanto, los municipios de la zona costera se muestran dispuestos a evitar el coste del agua desalada y buscar en caso necesario otros suministros alternativos en una provincia que aún dispone de alternativas.
