La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castelló (PAH) ha iniciado los trámites legales para ayudar a más de 4.000 familias de la provincia a renovar por dos años la moratoria que aplazaría hasta 2017 el desahucio de sus viviendas, que en buena parte de los casos ya han sido incluso vendidas por las entidades bancarias, según confirmaron ayer fuentes de la PAH.
Por el momento, los letrados de la plataforma siguen analizando la nueva normativa que incluye la moratoria de los desahucios para poder interponer los escritos de petición de prórroga ante los juzgados castellonenses.
Eso sí, las familias que quieran acogerse tendrán que demostrar ante el juzgado que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, lo cual implica cumplir una serie de requisitos como no tener empleo o carecer de otras fuentes de ingresos.
La posibilidad de prórroga ha supuesto un fugaz respiro para los castellonenses sobre quienes pesa una orden de desahucio y que temían ser expulsados al vencimiento de la moratoria el próximo mes de mayo. Pese a ello, el real decreto sigue sigue sujeto a interpretaciones legales y el proceso de renovación resulta especialmente complejo precisamente para esos colectivos «vulnerables» a quienes va dirigido.
Es por ello que la PAH de Castelló está intentando cubrir la brecha y dar respaldo jurídico a las familias que optan a la renovación de la moratoria, que ante las incógnitas de la prórroga a día de hoy siguen viviendo el temor a ser expulsados de su vivienda.
La PAH había advertido que la situación podía devenir dramática y tener consecuencias sociales a gran escala a menos que se renovara la moratoria, que afecta a gran parte de las cerca de 6.000 ejecuciones hipotecarias dictadas en Castelló en los últimos 5 años).
Según la PAH, la mayoría de viviendas ahora sujetas a la moratoria ya han sido incluso subastadas y vendidas por las entidades bancarias, que salvo excepciones siguen negándose a aceptar las daciones en pago o renegociaciones de los pagos, lo cual condena a los desahuciados a perder su casa y mantener una deuda incluso mayor que la que tenían con el banco debido a los intereses.
Ante esta situación, los portavoces de la PAH insisten en advertir a las autoridades (Gobierno, Generalitat Valenciana y Unión Europea) que urge un cambio de normativa y que el Gobierno exija a los bancos que renegocien y no se aprovechen de las personas afectadas, en muchos de los casos con situaciones económicas desesperadas y cuadros de depresión. «El problema se solucionaría si aquí se aplicara la misma ley que en el resto de Europa y un banco te quitara la casa y cancelara la deuda. Pero no, te la quitan, la revenden y, como la venden por un precio inferior, aún te exigen la diferencia restante y los intereses. Con ello te condenan de por vida a vivir endeudada y trabajar para siempre en la economía sumergida y no tener ni una línea de teléfono a tu nombre. Y algo así es inasumible para una sociedad».
Se da la paradoja de que aquellos que logran un trabajo pueden verse incluso perjudicados al perder la condición de vulnerables y ser expulsados de su vivienda, a pesar de que los ingresos no les permitan el mínimo para una subsistencia digna de sus familias. De este modo, pueden verse sometidos a una situación de exclusión social crónica incluso pese a disponer de un empleo, especialmente si no han logrado una dación en pago y siguen endeudados en las cuotas de una vivienda que de la que el banco les desahució.
El efecto dominó a los avalistas
Las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de las ejecuciones hipotecarias se están extendiendo también a las familias de los afectados, que en muchos casos figuran como avalistas de los afectados. En estos casos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamenta que los bancos se están negando a negociar «porque saben que pueden quedarse con la casa de los avalistas y obtener incluso más beneficio».
