Las normas transitorias urbanísticas que sustituyen al PGOU de Castelló anulado mientras se tramita uno nuevo constriñe el crecimiento futuro urbanístico y elude las 135 unidades residenciales pendientes de desarrollo, que contemplan 10.000 nuevas viviendas. Esta ordenación del Consell, en vigor desde ayer con su publicación en el DOCV, ofrece cobertura legal al suelo consolidado, pero excluye el suelo urbanizable sin ordenación.
La Generalitat aprueba la segunda normativa transitoria en tres años para «establecer unas reglas que permitan que la ciudad consolidada pueda seguir funcionando» ante la anulación del Plan General. En 2012 puso en marcha un primer decreto, pero admite que esta garantizada su legalidad al fundamentarse en un PGOU anulado. Ahora simplemente clasifica los usos que ya cuentan on ordenación pormenorizada a fin de evitar una parálisis total del urbanismo de la ciudad. El colegio de ingenieros industrial solicitó en sus alegaciones mantener «los sectores del suelo urbanizable previstos en el PGOU de 2000», pero el Consell responde que esta propuesta «excede lo que puede hacerse con estas normas». «No desclasifican ningún suelo urbanizable, ha sido la declaración de nulidad del Plan General, decretada por los tribunales, la que ha dado lugar a la desaparición» del Plan General, afirma el decreto autonómico.
Esta normativa quiere poner fin a una incertidumbre que padece el planeamiento municipal desde 2008, cuando el Tribunal Supremo invalidó por primera vez el PGOU de 2000. «Esa ciudad consolidada queda, tras la anulación del PGOU, sin norma urbanística que le dé cobertura, y resulta imprescindible identificar una mínima normativa que de certeza y seguridad para no paralizar todas las actuaciones con relevancia urbanística», añade el documento. «Eso sería inaceptable, sobre todo si se quiere consolidar la recuperación económica iniciada», por lo que, según la conselleria, la ausencia de un PGOU «crea un vacío normativo que nos aboca a una situación de horror vacui que hay que evitar mediante las citadas normas urbanísticas».
El ayuntamiento negó al principio la anulación y recurrió el proceso judicial hasta que el Tribunal Supremo confirmó en 2013 su decisión inicial. A finales de hace dos años inició la redacción formal del PGOU y prevé culminarla a finales de 2016. Desde 2008, el urbanismo municipal ha vivido en el limbo legal, y el estallido de la burbuja inmobiliaria ha minimizado la falta de ordenación.
Así, la normativa transitoria recoge 65 zonas edificadas y 20 en proceso de urbanización. Quedan fuera del paraguas legal las 135 unidades del viejo planeamiento pendientes de desarrollo. Estos sectores permanecerán paralizados hasta que entre en vigor el plan general. Estas normas urbanísticas estarán en vigor hasta el 1 de abril de 2017, salvo que antes se incorpore el PGOU. Quedan al margen de la anulación del PGOU los planes especiales de la Marjaleria, puerto y UJI.
