La Comisión de Seguimiento del Ayuntamiento de Peñíscola sobre la sentencia Llopis ha concluido que el alcalde por aquel entonces, Rafael Serrat, «en ningún momento subsanó el error ni tampoco abonó la diferencia de metros a la propiedad». Los hechos se remontan a 1986 cuando el consistorio que entonces gobernaba Serrat, actual edil de Izquierda Unida, ocupó 7.950 metros cuadrados de terreno, pertenecientes a Dolores Llopis Ayza, para ejecutar el «proyecto de las obras de saneamiento del área norte y continuación del paseo marítimo derivados del proyecto de pavimentación y jardinería».
Pero, en ese momento, cuando se inmatricularon los terrenos, se creó una finca registral a favor del consistorio de 13.142 metros cuadrados. Así, el ayuntamiento inscribió registralmente 4.192 metros cuadrados por encima de la superficie pagada. Aunque Serrat, fue advertido en marzo de 1987 por la propietaria de los metros ocupados para subsanar el error en el exceso de inscripción, en ningún momento se solucionó el problema. En base a la sentencia Llopis, el Ayuntamiento de Peñíscola fue condenado por el Juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Vinaròs a pagar el valor de los metros usurpados. Este pago asciende a 5.068.883,16 euros en concepto de principal y 1.520.664,17 euros en concepto de intereses. Así, tras el estudio de la sentencia y de los hechos, la comisión de seguimiento ha concluido que Serrat, a pesar de la advertencia, no subsanó el error.
Ahora, el Ayuntamiento de Peñíscola debe satisfacer a Dolores Llopis la suma referida en concepto de indemnización más intereses y costas por daños y perjuicios causados por una «actuación municipal indebida». Así, lo declaró el Auto de 4 de diciembre de 2009 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castelló dictado en el rollo de apelación civil núm. 356/2009.
Pago obligatorio
Cabe recordar que en fecha 29 de noviembre de 2012 se informó por parte del Secretario de la Corporación de la obligatoriedad legal del pago de la indemnización. Además, el 18 de diciembre de 2012 el pleno de la corporación, con el voto favorable de PP y PSOE, y el voto en contra de Rafael Serrat, acordó dar cumplimiento al Auto dictado por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castelló de 4 de diciembre de 2009 y aprobó el convenio de pago que fue firmado el mismo día en que se aprobó esta decisión.
En el acuerdo de 18 de diciembre de 2012 se acordó constituir una comisión informativa especial para el estudio de los antecedentes del presente asunto y cuyas conclusiones «son incontestables, tal y como lo era la sentencia», según constató el portavoz popular, Romualdo Forner, que ha recordado «la hipoteca que soporta y soportará el pueblo de Peñíscola por la irresponsabilidad de un gobierno de hace casi treinta años».
