El PP volvió a votar ayer en Madrid en contra de una propuesta para la mejora del sistema de financiación para la C. Valenciana. Fue en la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se votaba la modificación de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica para ampliar los recurso del FLA para las comunidades autónomas. El PSPV presentó una enmienda para que el nuevo modelo se aplique con efectos retroactivos así como para reconocer la necesidad de financiación y el criterio de financiación por habitante. La enmienda no salió adelante por la mayoría del PP. La próxima semana, probablemente, esta votación se reproducirá en el pleno.

El diputado en el Congreso y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, acusó al PP de «volver a engañar a los valencianos votando en contra de una de una nueva financiación». «Ésta es la manera sistemática que tiene el PP de prometen una cosa en la C. Valenciana y hacer otra totalmente distinta en Madrid», indicó el también el secretario general del PSPV.

El PP respondió que es «el momento más inoportuno» para modificar el sistema de financiación porque se van a renovar 13 gobiernos autonómicos, en las elecciones de mayo, y por la caída de los ingresos tributarios.

Para Puig, «era una nueva oportunidad que teníamos para cambiar la Lofca a favor de los intereses de los valencianos, pero de nuevo el PP ha votado en contra» y añadió que durante los años de Rajoy y Fabra «se ha empeorado la situación económica y financiera de la Comunitat, porque cada día que pasa aumenta nuestra deuda».

La enmienda presentada por los socialistas en el Congreso proponía «una disposición adicional a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que instaba, entre otras cosas, a que el Consejo de Ministros aprobara antes del 30 de junio una corrección de los déficit de financiación, garantizando la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades autónomas, de tal manera que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios». Además, incluía la propuesta de que «todos los cambios del sistema de financiación autonómica tendrán efectos desde el 1 de enero de 2014».