10 de abril de 2015
10.04.2015

El PP ve necesaria la ley de señas para defender las «manifestaciones religiosas» o los «bous al carrer»

Vicente-Ruiz acusa a la «izquierda» de «despreciar» la «cultura e historia» de la Comunitat Valenciana

10.04.2015 | 00:40
Elena Vicente.

La coordinadora de Acción Política del Partido Popular de la provincia de Castelló, Elena Vicente-Ruiz, aseguró ayer que la entrada hoy en vigor de la Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, conocido como la Ley de Señas de Identidad, «es un motivo de satisfacción para todos los castellonenses, valencianos y alicantinos, porque se trata de un texto que, como su propio nombre indica, protege el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de toda la Comunitat Valenciana y, además, lo hace de una manera abierta y decidida». Esta normativa excluye a la Academia Valenciana de la Llengua y se apoya en entidades secesionistas en el tema lingüístico como la RACV.

La Ley de Señas de Identidad, según explicó Elena Vicente-Ruiz, «ha salido adelante gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres del Partido Popular defendiendo los intereses y las inquietudes de los ciudadanos, porque no hay que olvidar que la izquierda no apoyó esta medida, lo que solo se puede considerar como una nueva muestra de desprecio hacia nuestra cultura e historia».

Vicente-Ruiz destacó que la nueva Ley «protege tradiciones tan arraigadas en nuestros pueblos como las bandas de música, a gastronomía, las fiestas tradicionales y, entre otras muchas, las manifestaciones religiosas», al mismo tiempo que subrayó de manera muy especial que esta nueva normativa pone el punto final a la polémica sobre los bous al carrer al declararlos Bien de Interés Cultural (BIC)».

La Ley de Señas de Identidad «es un ejemplo más de que en el Partido Popular nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras tradiciones y defendemos las tradiciones de todos y cada uno de 135 pueblos de nuestra provincia».

Esta normativa de señas de identidad ha sido censurada, además de los partidos de la oposición, por universidades, colectivos culturales y sociales que discrepan de la visión del PP en el tema lingüístico, y por un órgano estatutario como la AV.L. Consideran que con esta ley el PP intenta imponer al conjunto de los valencianos su manera particular de entender el país. Al respecto, subrayan que atenta contra los principios básicos de una democracia, ya que sostiene, obliga a los valencianos a pensar de una manera determinada. 4

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