Las arcas municipales de Vila-real todavía deben 15.506.771 euros por el préstamo de veinte millones de euros que el anterior ejecutivo del Partido Popular pidió en 2009. Un crédito del que el alcalde de la ciudad, el socialista José Benlloch, lamentó ayer no saber aún «para qué se pidió». El munícipe explicó que el préstamo se dividió entre cuatro entidades, aunque el importe con la primera de ellas (Caja Rural), y que ascendía a 164.631,68 euros, ya está saldado.
Ahora quedan por amortizar los 5.852.352,76 euros con el Banco de crédito local de España, 7.534.148,81 euros con Dexia Sabadell y 1.955.638,07 euros con La Caixa. Una situación que «lastra» las posibilidades económicas y financieras del consistorio. La devolución del préstamo arrancó en 2011 con el cuatripartito y supone cerca de tres millones de euros cada año
El alcalde criticó ayer las condiciones en las que se firmó el crédito que dificultan, ahora, que el ayuntamiento pueda adherirse al plan estatal de impulso y estímulo. Un programa de ayudas que hace, aproximadamente, un mes se aprobó en el consejo de ministros y por el que los consistorios, siempre que cuyas operaciones sean rentables para el Estado, pueden liquidar sus deudas y adherirse a una nueva línea de financiación más asequible. En este sentido, el alcalde anunció que el tesorero municipal emitió el pasado 24 de marzo un informe en el que desaconseja la amortización dado que liquidar el macropréstamo supondría más dinero de lo que se ahorra teniendo en cuenta la disminución del valor de los tipos de interés y un coste de cancelación cifrado en más de 2,5 millones.
Es por esto por lo que el munícipe, que confesó que estaban «bastante ilusionados», haya perdido la esperanza de que el Gobierno Central acepte la solicitud.
«El PP firmó unos contratos con los bancos muy parecidos a lo que son las preferentes, prácticamente lo mismo. Es decir, que los intereses que se pagan en estos préstamos están ligados a la negociación del mercado financiero por parte de estos bancos y, por tanto, son variables», explicó Benlloch, que añadió que la cantidad necesaria para amortizar el crédito elevaría la cifra a 18 millones de euros. «Ante estos números es evidente que el Estado considera que se trata de un mal negocio porque aunque paguemos menos intereses gracias a la ayuda de una línea de financiación estatal hemos de pagar mucho más por anular estos préstamos. De ahí que el Gobierno haya denegado esta ayuda por considerar que se trata de una operación no rentable. Y con razón. Es evidente que amortizar el préstamo cuesta más dinero de lo que se va a ahorrar. Un criterio que la ley denomina de prudencia financiera».
Un millón más en las cuentas
Según las estimaciones municipales, quedarse fuera del programa supone que las arcas municipales perderán alrededor de un millón de euros que se habría salvado del pago de intereses. Una cifra que, pese a que no estaba prevista en el presupuesto, el equipo de gobierno había consensuado destinarla para un plan de empleo junto con la Generalitat Valenciana. En cualquier caso, Benlloch aseguró que estaban haciendo «todo lo que podemos en materia de empleo y somos la administración que más dinero ha aportado», señaló.
Por último, el munícipe dijo que no descarta estudiar acciones judiciales «contra quienes firmaron pedir el préstamo» y aseguró estar ante «un empastre más del PP fruto de la irresponsabilidad y la imprudencia con los bancos» y lamentó que «los sustos no terminarán aquí».
