El alcalde de Almassora, Vicente Casanova, anunció ayer que el equipo de gobierno solicitará un permiso a la Subdelegación del Gobierno para que algunos policías de la plantilla municipal se vistan de paisano con el objetivo de multar a los vecinos que no recojan los excrementos de sus perros. La medida pretende poner solución a la suciedad de determinadas áreas de la localidad como consecuencia del incivismo de determinados propietarios de mascotas. La previsión es que «algunos policías vistan de paisano en determinadas horas y lugares», de manera que puedan percatarse de las conductas irrespetuosas de los dueños de perros.
En la actualidad, la dificultad para perseguir estos hechos radica en que la presencia de los agentes, vestidos con el uniforme, disuade a los propietarios de las mascotas de dejar los excrementos sin recoger.
Para multarles, recuerda el alcalde, es imprescindible que los policías sean testigos de la acción, por lo que la ausencia de uniforme podría facilitar el proceso de denuncia.
«Es lo que menos me gusta, no quiero criminalizar a los dueños de los perros, y creo que la solución pasa por que todos actuemos de forma cívica», precisó Casanova.
Asimismo, el alcalde de la localidad detalló la necesidad de la medida como complemento a las brigadas caninas de la localidad, activadas durante la semana pasada, y que carecen de competencias para multar, ya que su principal función es informar a los vecinos, al tiempo que reparten bolsas para recoger los excrementos de los animales.
En la misma línea, el primer edil tiene previsto contactar telefónicamente hoy con el alcalde de Crevillente para conocer las claves del proyecto que ya funciona en la localidad alicantina con idéntica finalidad.
Una propuesta muy cara
El municipio ha impuesto la realización de pruebas genéticas de los perros censados para analizar los restos en las vías urbanas y multar a sus dueños. La medida es semejante a la que propondrá hoy Compromís en el pleno municipal a través de una moción.
Casanova mantiene las reticencias iniciales sobre las posibilidades de que prospere la iniciativa. «Lo veo muy complejo y muy caro», determinó ayer.
Entre las principales dudas destaca la financiación de los costes. Según sus cálculos, cada análisis de ADN de los 1.700 perros registrados en Almassora costaría 100 euros, una suma que tendría que asumir los propietarios o el ayuntamiento (170.000 euros). Compromís propone negociar un precio con las clínicas veterinarias de la localidad.
