Castelló afrontará las próximas elecciones municipales sin tener resuelta la cuestión de la Marjaleria. La zona sigue sin disponer de ordenación urbanística y sus viviendas se encuentran en una situación de alegalidad. Unión por la Marjaleria, que engloba a un centenar de vecinos con órdenes de derribo, celebró ayer de nuevo una reunión para abordar la situación y exigir al ayuntamiento que rectifique los derribos. La asamblea se celebró en el sindicato de riegos con las próximas elecciones locales de telón de fondo.
La asociación vecinal advirtió que el estado de la marjaleria se ha convertido en un problema social, ya que según afirma, los propietarios implicados son gente de clase media sin recursos para hacer frente a las sanciones que se les impone por edificar en un lugar no regularizado urbanísticamente.
«Como llevamos afirmando desde la asociación desde hace meses, este problema urbanístico ha devenido en un problema social de gran calado. Las familias no sólo se ven obligadas a derribar sus casas, construidas con la aquiescencia del ayuntamiento,( que ha venido permitiendo estas conductas durante décadas), sino que, además, las multas coercitivas y las sanciones que se imponen son tan duras que a los afectados les queda una deuda de por vida. Deuda que, con los recargos e intereses se retroalimenta y es imposible de liquidar, máxime si tenemos en cuenta la situación económica actual», alertó la presidenta de Unión por la Marjaleria, África Camba.
El colectivo afirmó que «una solución es posible, que se puede y se debe hacer un esfuerzo por parte de todos los implicados (vecinos, fuerzas políticas y ayuntamiento) para que lleguemos a la resolución de un problema que afecta a más de 100 familias en la zona. El ejecutivo local confía en reactivar el plan especial de la Marjaleria.
