El equipo de gobierno y los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Castelló certificaron ayer el primer acuerdo sobre buena gobierno, que contempla una relación de medidas referentes a la corrupción, participación ciudadana, retribuciones de los concejales, código de buen gobierno y transparencia. No obstante, la vigencia de este pacto queda a expensas de la próxima corporación municipal. Las encuestas apuntan una mayor fragmentación del consistorio y los nuevos partidos que aspiran a entrar («Castelló en moviment» y Ciutadans) podrían desmarcarse o reclamar una modificación del mismo.
El alcalde, Alfonso Bataller, afirmó, al respecto, que estaría abierto a dialogar con otras formaciones y a introducir cambios, pero recordó que los actuales partidos con representación en el ayuntamiento han respetado los pactos heredados de anteriores corporaciones.
Bataller compareció ayer, junto al portavoz del PP, Juan José Pérez Macián, para dar cuenta del acuerdo. Inicialmente, los populares habían convenido con la oposición una comparencia conjunta, pero en el último momento el PSPV y Esquerra Unida se negaron esgrimiendo los «incumplimientos» del PP de las resoluciones de la Junta Electoral. Compromís discrepó de la actitud de sus correligionarios de la oposición, pero tampoco asistió a la rueda de prensa.
Pérez Macián eludió referirse a las ausencias y destacó que lo importante es el consenso alcanzado con el decálogo de la transparencia entre todas las fuerzas políticas. Las cuatro formaciones han negociado durante un año y medio en una comisión especial.
Este programa se divide en cinco bloques. En materia de corrupción, concreta que a los concejales imputados en casos de corrupción «serán apartados de toda representación que ostenten en cualquier órgano colegiado de gobierno o administración del ayuntamiento». En participación abre la puerta a que los vecinos participen en los plenos, mientras en política salarial establece que ningún miembro de la corporación cobrará 3,5 veces como máximo de lo que percibe el funcionario de menor rango. El alcalde deberá rebajarse en 800 euros anuales su salario actual de 74.300 euros brutos. En transparencia insta a difundir a la ciudadanía, a través de los canales telemáticos, la información municipal.
Bataller calificó esta medida de «histórica» y trasladó su «agradecimiento y, sobretodo, mi enhorabuena a todos los miembros de esta comisión, por su trabajo y diligencia en abordar los estándares de ejemplaridad que requieren los ciudadanos de Castelló de sus representantes políticos».
