Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almassora, coordinados con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE), comenzarán la próxima semana la ronda de entrevistas con los inquilinos que todavía habitan en el Grupo B. Según informó ayer el alcalde, Vicente Casanova, la reunión que mantuvo en Valencia con el departamento autonómico precipitó estas negociaciones para desbloquear el realojo y poder derribar el edificio.
«El interés es total», señaló el primer edil, para acabar con ese espacio degradado que supone un riesgo para las cuatro familias que conviven en el último inmueble. Esta parte recordó que el compromiso pasaba por desalojar el bloque antes de que acabara 2014. La negativa de los vecinos a aceptar alguna de las ofertas de las administraciones retrasó la fecha definitiva, pero Casanova aseguró que su intención es reactivar el proceso para echar abajo el edificio lo más rápido posible.
Por este motivo, las entrevistas con los inquilinos tendrán en cuenta sus circunstancias laborales y familiares. La discreción volverá a imponerse durante la negociación, al menos desde el ayuntamiento, pero el objetivo es que las familias acepten alguna de las viviendas propuestas y aceleren su mudanza del número 167 de la avenida José Ortiz, donde el estado de ruina avanza a medida que pasa el tiempo.
Así lo acordaron Casanova y la directora del EIGE, Inmaculada Solernou, que se reunieron la semana pasada para reactivar el proceso tras prácticamente un año sin avances. En el encuentro de trabajo participó también la concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Esteller. Su departamento es el más implicado en el traslado de las familias para evitar situaciones traumáticas.
El alcalde incidió ayer en la posibilidad de que Servicios Sociales ofrezca ayudas puntuales a las cuatro familias afectadas por el realojo. Se trata de vecinos con dificultades económicas pero su convivencia en el Grupo B está lejos de la problemática que marcó a la barriada años atrás. En algunos casos se trata de matrimonios jóvenes con hijos para los que el Ayuntamiento de Almassora y la EIGE buscan alternativas «dignas».
El consistorio espera que las cuatro familias acepten alguna de las alternativas que se les ofrecerá a partir de la semana que viene para evitar declarar la ruina del bloque, un hecho que obligaría al desalojo inminente. A pesar de ser una posibilidad, la intención de la administración local es que haya acuerdo entre las partes y el edificio se vacíe sin contratiempos.
