La portavoz popular del Ayuntamiento de Segorbe, Soledad Santamaría, aseguró ayer que era «posible» que la sentencia del TSJCV que anula los cobros de las cuotas de urbanización ingresados por el consistorio a los propietarios de los terrenos de la urbanización UE 25 «no le cueste ni un céntimo al ayuntamiento, porque así lo defenderemos».
Con estas palabras, la concejala contradecía la versión del concejal republicano, Nicolás Hervás, que aventuraba que el fallo contrario a los intereses municipales le podría costar a las arcas públicas hasta 800.000 euros, según recogía en una opinión publicada en este diario. En este sentido, la popular le acusaba de «mentir a sabiendas de que lo está haciendo». La portavoz, de hecho, pidió a Hervás una «rectificación inmediata» porque, puntualizó, «de no hacerlo, el equipo de gobierno presentará contra él una querella por injurias y falsedades en defensa de su honor y correcto proceder».
El asunto atañe a la última sentencia del TSJ que anula dos liquidaciones cobradas a los propietarios de la UE-25 en la pedanía de Peñalba. Los giros se aprobaron en junta de gobierno local, en abril de 2008 y el tribunal valenciano los ha anulado por considerar que el acuerdo tomado era «contrario a derecho» y «carece de sustento fáctico y jurídico».
Según explicó ayer la portavoz popular, el ayuntamiento procederá a «ejecutar la sentencia, lo que implicará que la justicia debe indicar qué cantidades debemos devolver a los cuatro recurrentes para, acto seguido, volver a liquidarles las cuotas que les correspondan correctamente, con el proyecto de reparcelación, que está definitivamente aprobado».
Y es que, continuó apuntando la edila popular, lejos de decir que el ayuntamiento debe devolver 800.000 euros, «lo que mantiene la sentencia es que el consistorio ha actuado correctamente en toda la tramitación del desarrollo urbanístico y tan solo detecta un error de procedimiento en la aprobación de las cuotas de urbanización, al haberse liquidado sobre un modificado del proyecto que debía haberse sometido a una nueva información pública» y lamentó «la falsa alarma creada entre la ciudadanía por el defenestrado concejal republicano, que no le importa mentir vertiendo falsedades e injurias». La concejala tachó de «vergonzoso» que los partidos de la oposición «se alegren de que el ayuntamiento sea condenado por defender los intereses de todos los ciudadanos, poniéndose al lado de los intereses de particulares».
Santamaría recordó que desde hace más de diez años, las sentencias falladas en distintos juzgados sobre la UE-25 han resultado favorables al ayuntamiento «en más del 90 % de los casos». Según la portavoz «desde los inicios, un pequeño grupo de propietarios se han opuesto y han llevado a los tribunales cada uno de los acuerdos adoptados para que el desarrollo urbanístico de esta zona se llevase a cabo intentando no pagar las cuotas de urbanización».
Por contra, puntualizó Santamaría, el ayuntamiento «ha defendido sus actuaciones y los intereses públicos, frente al interés de algunos particulares que pretenden que todos paguemos lo que solamente a ellos beneficia y les corresponde pagar».
El pasado 27 de marzo, el TSJCV dio la razón parcialmente a cuatro propietarios que denunciaban la irregularidad del cobro de estas liquidaciones basadas en un modificado aprobado en junta de gobierno local, el 23 de abril de 2008.
