El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Almassora, Enrique Brisach, se despedirá de la legislatura y de la política municipal con un nuevo tira y afloja con los trabajadores municipales. La intranet del consistorio mantiene activo un aviso del edil en el que insta a la plantilla a cumplir el horario de trabajo para garantizar un buen servicio a la ciudadanía y evitar conflictos entre los propios compañeros.
La circular sorprendió en febrero a la plantilla con el mensaje: «Se recuerda al personal al servicio del ayuntamiento la obligatoriedad de cumplir los horarios de entrada y salida, así como el tiempo dedicado al almuerzo (media hora en jornada completa). Se ruega a todos el estricto cumplimiento de dichas normas para evitar abusos que redunden en perjuicio del servicio y de los propios compañeros».
La misiva enviada a todos los departamentos fue acogida de forma desigual, sobre todo en aquellos con más carga de trabajo y contacto con el público, como el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC). El equipo de gobierno eludió valorar cuál fue el origen de las quejas que motivaron el aviso del edil y recordó que la obligación del ayuntamiento como administración local es «prestar el mejor servicio a sus ciudadanos».
La polémica por el supuesto incumplimiento del horario se suma a las de las cámaras instaladas en recintos municipales y a las quejas por supuesto acoso laboral, que han marcado la gestión de Brisach en los últimos cuatro años. Así, las protestas de Intersindical por estos supuestos casos motivaron una encuesta voluntaria que rellenaron 89 de los 161 trabajadores. Entre los factores prioritarios a mejorar, el análisis resaltó el riesgo de acoso sexual en la Policía Local. En su informe de 92 páginas, la firma recriminó la falta de participación y decisión de los trabajadores que, curiosamente, valoraron positivamente su horario de trabajo.
La polémica también surgió con la unificación de sistema de vigilancia de los edificios públicos a través de una empresa de seguridad privada. Los dispositivos implantados en espacios como el Ateneu Jove o la Casa de la Música para prevenir conductas delictivas suscitaron el recelo de algunos trabajadores, que se consideraron vigilados durante el desempeño de sus funciones. Los equipos eran idénticos a los instalados en los colegios, que se retiraron por las quejas de los padres aunque la Agencia Nacional de Protección de Datos avaló la legalidad del sistema.
Por otro lado, el ayuntamiento contrató a una consultora externa el pasado verano para abordar la reorganización del departamento de Dinamización Lingüística para decidir si un único empleado podía asumir más funciones.
