Los ayuntamientos de los términos municipales afectados por el incendio de l'Alcalatén obviaron incluir en sus informes de valoración de daños el impacto medioambiental ocasionado por el fuego que arrasó con 7.500 hectáreas en 2007. Así lo aseguraron ayer cada uno de los alcaldes de las localidades de Costur, les Useres, Llucena, Figueroles y Atzeneta que comparecieron en la vista celebrada en el juzgado de lo Penal número 3 de Castelló para reclamar indemnizaciones. La alcaldesa de l'Alcora, Merche Mallol, no compareció y las partes renunciaron a su testimonio.
Todos ellos declararon haber acordado indemnizaciones y darse como «satisfechos», por lo que rechazaron cualquier resarcimiento por parte de las compañías aseguradoras de Iberdrola y Montelpa, cuyos empleados (diez) han sido condenados a un año y medio de cárcel por un delito incendio forestal por imprudencia grave. Además, aseguraron que la zona afectada se ha regenerado «de forma natural».
El primero en declarar fue el alcalde de Costur, Gonzalo Centelles, quien reconoció haber recibido de Iberdrola una indemnización de 130.000 euros, con lo que se mostró de acuerdo y no pidió más compensación económica. El munícipe explicó que el dinero se destinó a la reparación de daños materiales y que no se formalizó ninguna reclamación para reparar el daño medioambiental. «El ayuntamiento no recibió ninguna petición para ello, si la hubiera recibido, se hubiese actuado», argumentó Centelles.
En los mismos términos se expresó el alcalde de les Useres, Jaime Martínez, cuyo ayuntamiento recibió 350.000 euros por los desperfectos materiales que se ocasionaron. En este caso, el alcalde confirmó que el consistorio no ha participado en ninguna actuación para la reforestación de la zona afectada, más allá de mediar en la petición a la Generalitat de plantones.
Más comparecencias
En el turno del alcalde de Llucena, Gerardo Beltrán, este ratificó el haber percibido una indemnización de 300.000 euros y aseveró que la zona se ha regenerado «de forma natural» aunque, a preguntas de la acusación particular, reconoció que los árboles más viejos no se han podido recuperar. «Es zona no trabajada y ahora hay la misma vegetación, o incluso más, que antes del incendio», afirmó Beltrán. Asimimo, añadió que el consistorio no ha recibido ayudas para la repoblación y que la regeneración se ha producido «sin intervención» alguna.
El siguiente en declarar fue el alcalde de Figueroles, Luis Gregori Herrando, cuyo ayuntamiento recibió 30.000 euros, que se destinaron a la reparación del firme de los caminos de acceso al monte. Según el munícipe, la zona afectada se ha quemado «tres veces en 45 años» y, actualmente, «hay más pinos de los que debería, y hay que cortarlos». También reconoció no haber invertido ninguna partida económica en la repoblación de la zona —que dijo se ha hecho de forma «natural»— y apostilló que había una asociación que se encargaba de ello, en alusión a la plataforma de afectados que se creó tras el trágico suceso.
El último en declarar fue el alcalde de Atzeneta, José Barberá, quien confirmó haber recibido una indemnización de 336.000 euros que se destinaron, principalmente, a la adecuación de la ermita del castillo. Barberá dijo no haber realizado ninguna reforestación, más allá de las actividades del Día del Árbol. Precisamente en el término municipal de Atzeneta ardieron varias oliveras centenarias. En la vista de ayer también declararon alrededor de 30 propietarios de parcelas y la mayoría renunciaron a obtener una indemnización. El juicio se retoma hoy a las 9.30 horas con la declaración de otros 60 propietarios afectados.
