El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha autorizado por primera vez el cierre de una central de ciclo combinado de gas, en respuesta a una solicitud de Iberdrola para el grupo 3 de su central de Castelló. Tras este trámite, Iberdrola dispondrá de tres meses para decidir si cierra finalmente la instalación, y desde la compañía no se descarta ahora que se mantenga abierta la planta de gas.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, indicó ayer, durante la presentación de resultados del grupo, que la decisión acerca de «si se cierra o no» una central se tomará «función de la evolución de la demanda», que está comenzando a aumentar, resaltó.
Galán indicó además que el efecto del cierre de las plantas podría oscilar entre 80 y 100 millones de euros por cada instalación, si bien estas cifras «dependen del momento y de cada situación». «En todo caso, no se ha tomado una decisión definitiva», señaló.
Fuentes de la compañía insistieron en que el cierre no es definitivo y destacaron que la demanda ha registrado un repunte en los primeros compases del año.
El Ministerio Industria emite la resolución en el Boletín Oficial del Estado tras recibir sendos informes favorables de Red Eléctrica de España (REE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los que se indica que el eventual cierre no afectará ni a la seguridad del suministro ni al mercado eléctrico.
De esta forma, da cumplimiento a una solicitud realizada por Iberdrola el pasado 24 de noviembre, después de que la eléctrica hubiese recabado informes también favorables de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno en Castelló.
La autorización caduca
En el caso de que la eléctrica no haya procedido al cierre en el plazo de tres meses, se producirá la caducidad de la autorización. Además, el plazo máximo en el que la eléctrica deberá proceder al desmantelamiento parcial de la central es de cuatro años a partir de la fecha de la resolución.
Iberdrola justificó el cierre de la central ante la situación actual de sobrecapacidad en el sistema eléctrico español, «que ha provocado una infrautilización de las centrales de ciclo combinado que impide tener un valor adecuado de estos activos». La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ya anunció que tenía previsto recolocar dentro del mismo complejo a los trabajadores que pudiesen resultar afectados por este cierre. La decisión afecta solamente al grupo 3 del complejo, en producción desde 2002 y que es la instalación de mayor tamaño que tiene la eléctrica en el país con una potencia de más de 1.600 megavatios (MW).
