01 de mayo de 2015
01.05.2015

La Eurocámara insta a Bruselas y el BEI a bloquear la indemnización por Castor

El Parlamento denuncia que las instituciones de la Unión Europea no tuvieron en cuenta los riesgos sísmicos del proyecto - Los usuarios del gas abonarán el pago de 1.350 millones a la concesionaria en la factura en los próximos 30 años

01.05.2015 | 00:49
La Eurocámara insta a Bruselas y el BEI a bloquear la indemnización por Castor

El pleno de la Eurocámara criticó ayer a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por participar en la financiación del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa de Castelló y Tarragona sin evaluar los riesgos sísmicos. El parlamento europeo exigió a las instituciones comunitarias que adopten medidas para evitar que la ciudadanía tenga que asumir la indemnización de 1.300 millones que el Gobierno central ha pagado a la concesionaria Escal UGS (controlada por ACS) por la paralización del proyecto. Este pago repercutirá en la factura del gas de los usuarios en los próximos 30 años.

Esta solicitud está incluida en el informe anual de actividad del BEI, cuyo ponente es el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, y fue aprobada, en una votación por separado del resto del texto, por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones.

El Parlamento Europeo «lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación», según destaca el informe.

Por ello, la Eurocámara «insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa».

Finalmente, los eurodiputados reclaman al Ejecutivo comunitario que siga las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo e «investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida».

« Creemos que el BEI no puede eludir su responsabilidad, fue un actor indispensable para que un proyecto desastroso como Castor se llevara a cabo», sostiene Urtasun en un comunicado. El eurodiputado de ICV exige también a la Comisión y al Gobierno español que cumplan las exigencias de la Eurocámara y «pasen a la acción».

«No pueden ignorar una voz tan clara como la del Parlamento Europeo, estaremos encima para que cumplan lo que se ha votado», anunció. Asimismo, denunció que la empresa concesionaria «firmó un contrato de colaboración público-privada que permite tener beneficios seguros si todo sale bien pero en cambio obliga a pagar con dinero público en caso de pérdidas».

El Gobierno autorizó el pago de la indemnización de 1.350 millones el pasado 3 de octubre tras decidir la paralización de Castor por el riesgo sísmico en la zona. Luego tardó 42 días en pagar, a través de un préstamo a la concesionaria. El ejecutivo central recurrió en 2012 contra una cláusula de la concesión que posibilita la indemnización también en caso de dolo y negligencia. El Tribunal Supremo lo rechazó.

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