La Generalitat Valenciana sigue cumpliendo con el último calendario de pagos para saldar su deuda con las miles de personas a las que se les aprobó la ayuda de acceso a la vivienda entre los años 2009 y 2012. Una deuda que ascendía a 250 millones de euros, 20 millones en la provincia de Castelló, y que ha conseguido rebajar a 117 millones, unos 14 millones para el caso de Castelló. Según fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el último pago se hizo el 13 de mayo y, en lugar de pagar los diez millones mensuales acordados para todo este 2015, el Consell fue «generoso» y abonó casi 20 millones. Hasta ahora se han resuelto 27.201 expedientes de 50.000 que había pendientes.
No obstante, los afortunados que ya han visto el ingresos en sus cuentas no callan al resto de afectados que siguen esperando a que se les pague lo que la administración les aprobó. Es el caso de Inés Moreno, una madre soltera de 40 años, vecina de Nules, que aún no ha recibido los 10.800 euros de la subvención reconocida en febrero de 2010. Con un pequeño sueldo de limpiadora va haciendo frente al sufrido final de mes que, en ocasiones —cada vez son más— solo logra vencer con la ayuda de su madre y su hermano. Además, desde febrero ya no cobra el subsidio mensual de ayuda a la hipoteca, con lo que ha sumado un escollo más.
«Solo queda esperar», dice, y trata de autoconvencerse de que tiene que ser positiva. «No me queda otra», añade. Inés critica la gestión de la administración autonómica y les reprocha la tardanza. «A qué esperan, a que no pueda pagar y me tengan que desahuciar? Esto ha sido una gran mentira, me siento engañada y estafada. Llevo cinco años esperando y cuando pregunto cómo está mi expediente, la respuesta siempre es la misma: 'no hay dinero'», explica la nulera. Por último, y ante el hecho de que algunos de los afectados ya han cobrado, Inés quiere mantener la esperanza pero le resulta difícil. «No me fío de nada, hasta que no vea el dinero en mi cuento no me creeré nada», concluye. Un afortunado ha sido Antoni Romero, también de Nules, quien ya ha cobrado la ayuda aunque reconoce que la gestión ha sido «más que nefasta».
El gobierno autonómico justifica la deuda en la inexistencia de un «tope» en la concesión de estas ayudas, lo que provocó el rápido aumento del número de subvenciones que no se podían pagar. Durante el año 2013 lanzó el primer calendario de pago para evitar el desahucio de los más vulnerables y, hasta 2014, ha ido emitiendo un goteo de pagos —escasos al principio— y que han ido aumentando conforme se acercaba el año electoral. Entre 2013 y 2014, el gobierno de Alberto Fabra habría pagado alrededor de 73 millones de euros mientras que, solo en lo va de 2015, ya ha pagado 50 millones.
No obstante, la plataforma de afectados por las ayudas a la vivienda denunció ayer que el Partido Popular «no incluya» en su programa electoral, un calendario de pagos, como sí han hecho el resto de partidos, según explicaron. La plataforma argumentó que, tanto el PSPV, como Compromís, EUPV, UPyD y Podemos «se han comprometido a pagar la deuda así como el reconocimiento de las resoluciones tipo 501».
En cuanto a Ciudadanos, la plataforma apuntó que «no incluye referencias a los impagos pero se comprometen a abonarlo». Además, en el caso de Compromís, EUPV y Podemos «añaden de forma explícita la necesidad de auditar la caótica gestión de las ayudas a la vivienda e investigar las responsabilidades».
En cambio, «el Partido Popular ignora los impagos y evita comprometerse si gobierna». «Además, Alberto Fabra ignora a los seis mil afectados con resoluciones tipo 501, a los que reconoce la obligación del pago sino solo el cumplimiento de los requisitos», concluyen.
