El Ayuntamiento de Vila-real tiene sobre la mesa un total de catorce requerimientos de la Agencia Tributaria para embargar las ayudas de emergencia a las personas que tienen pendientes deudas con la Administración Tributaria. Así lo anunció ayer el alcalde de la ciudad ya en funciones, el socialista José Benlloch, quien aseguró que ha «paralizado» el requerimiento de Hacienda ordenando al tesorero municipal «que no practique estas diligencias» que, en principio, dejarían sin ayudas básicas a 14 familias con escasos recursos económicos de la ciudad. Se trata de ayudas de emergencia, complementarias a la renta garantizada que otorga la Generalitat, que reciben en Vila-real cerca de 450 familias para hacer frente a necesidades básicas.
El munícipe manifestó su intención de reunirse hoy mismo con el delegado de Hacienda «para solucionar este problema cuanto antes, porque incluso yo podría estar jugándome la piel ya que tengo la obligación de embargar las prestaciones», indicó.
Asimismo Benlloch, que lamentó que esta misma semana podría llegar una nueva «remesa» de órdenes de embargo, explicó que con la medida, el consistorio está obligado a no pagar las ayudas sociales y a destinar estas cuantías a Hacienda para saldar las deudas que los particulares tienen con el fisco. Según matizó el primer edil, quienes todavía se «salvan» de la ley tributaria son las personas que estén por debajo de percibir el doble del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, quienes cobren menos de 1.297 euros brutos.
Benlloch aseguró que va a ser «muy duro» en este tema e, incluso, aseguró que está dispuesto a ir a los tribunales «para parar todo esto», dijo. El primer edil tildó el embargo de «vergonzoso». «No podemos estar creando exclusión social porque la ley sea absurda o porque no contemple los resortes públicos», dijo. «Son ayudas municipales complementarias a la renta garantizada de la Generalitat que no se otorgan por capricho, sino con un informe técnico de nuestros Servicios Sociales que avala que la persona o la familia que va a recibir esa ayuda realmente la necesita para cuestiones básicas como pagar la luz, el agua o para comer. Por eso no podemos permitir que, porque la ley no tenga resortes para evitarlo, se produzca la situación absurda e inhumana», aseguró. Esta medida también ha afectado a otros consistorios de la provincia de Castelló y del resto de España, como el ayuntamiento de Langreo, en Asturias. Las ayudas retiradas corresponden a la prestación de alimentos, de la renta del alquiler de la vivienda o de los recibos del agua, la luz y el gas.
