El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha iniciado el proceso para la revisión y estudio del contrato que mantiene el consistorio con la empresa concesionaria de la recogida de residuos y limpieza viaria Secopsa, que ha sido notablemente criticada por su gestión por el actual equipo de gobierno cuando formaban parte de la oposición. La alcaldesa, Tania Baños, señaló que la situación actual les preocupaba «mucho» pues «la hemos denunciado con fuerza y contundencia desde la oposición porque no nos gustaba lo que estábamos viendo».
En este sentido Baños señaló que querían aportar una solución «definitiva y positiva para todos, sea cual sea, por lo que hemos de buscar la mejor fórmula para cerrar este problema que tanto nos preocupa, siempre pensando en el beneficio de la ciudad, de los vecinos y vecinas de la Vall y nunca desde el ámbito personal y político».
En este sentido, el primer teniente de alcalde, Antoni Llorente señaló que ya se han dado los primeros pasos con la petición de informes técnicos y jurídicos «sobre el cumplimiento del contrato y posibles vías de acción cara al futuro». Llorente también recordó que, además de los problemas detectados en cuanto al servicio, «también este contrato nos está presentando unos importantes gastos de los denominados judiciales». No se descarta una posible rescisión de contrato o municipalización del servicio como ya sucediera en su día.
Críticas desde la oposición
Cabe recordar que a lo largo de los últimos años se han presentado diversas mociones tanto desde PSPV como desde EU solicitando rescindir el contrato con la concesionaria y hasta incluso se le abrieron cuatro expedientes por su puestos incumplimientos que, según el actual gobierno, aún persisten. Cabe recordar que a lo largo de los años se han denunciado desde PSPV y EU numerosas cuestiones relativas al contrato. Por ejemplo comenzaron hace ya más de cinco años con la denuncias por una supuesta utilización de medios de la Vall en otras localidades, al que siguieron otras sobre la limpieza de la ciudad, rotulación, uso de locales municipales, o la falta de construcción del pabellón polideportivo que figuraba como mejora.
Algunas se tradujeron en expedientes sancionadores que fueron recurridos por la empresa, con lo que comenzaron los pleitos. También cabe recordar que ambas formaciones, hoy en el gobierno, llevaron a Fiscalía el pago de facturas pendientes con informes en contra por parte del ya exalcalde Óscar Clavell, en 2011 cuando ejercía su cargo en funciones durante unas vacaciones de Isabel Bonig, por lo que fue imputado y tuvo que ir a declarar a los juzgados, cuestión que sigue abierta.
Revisión General
Llorente anunció que la revisión de los diversos contratos será generalizada, no solo en el caso de los residuos y limpieza, sino también para el agua, alumbrado o la ORA entre otras concesiones con el objetivo de ver «los compromisos y estudiar si estos se están cumpliendo y a la vez ver la eficiencia, eficacia y servicio al ciudadano que se está prestando». Llorente señaló que el objetivo es «hacerlos cumplir en los casos donde no sea así, porque han de trabajar para las personas».
En este caso Llorente señaló que «si algo no funciona, una de las propuestas y que pensamos puede ser viable, sería la municipalización pues pensamos en la gestión directa, pero también hay que tener en cuenta que a la hora de adjudicar un servicio, la temporalidad también se tiene que ver, pues particularmente no apuesto por períodos largos para que los gobiernos al llegar puedan tener las manos libres para gestionar».
No descartan recuperar para la gestión directa algunos de los servicios que terminan contrato en esta legislatura.
