Los ayuntamientos de la provincia de Castelló dejarán de cobrar el próximo mes de noviembre el Impuesto de Bienes Inmuebles urbano en los 47.000 solares que se encuentran sin edificar. Así lo establece la última reforma de la Ley Hipotecaria y la del Catastro, publicada el jueves en el Boletín Oficial del Estado.
A partir del 1 de noviembre, cada municipio deberá informar a la Dirección General del Catastro de las parcelas urbanizables sin construir y sin ordenación pormenorizada, para que paguen el IBI rústico y no urbano. El Gobierno central ha emprendido este cambio para adecuar la normativa a una sentencia del Tribunal Supremo de 2014. Este fallo se circunscribe a unos terrenos situados en Badajoz, pero generó jurisprudencia, de ahí que el Ejecutivo central haya optado por modificar la ley para poner coto a la guerra judicial entre propietarios y ayuntamientos.
Los anteriores municipales populares se negaron a modificar la clasificación de los solares implicados y sólo anunciaron la posibilidad de revisar el catastro en 2017, una vez transcurrido el plazo mínimo que exige la ley para revisarlo. Tampoco movieron ficha el resto de consistorios. El IBI es la principal fuente de ingresos de las arcas municipales y pasar de cobrar el IBI urbano al rústico en los solares sin ejecutar supondrá una merma de sus ingresos. La diferencia de los recibos del IBI urbano y rústico es de «100 a 1.000», según expertos urbanistas consultados por este diario.
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Castelló propuso en el pasado mandato una revisión del catastro para adaptarlo a la realidad actual. La última actualización entró en vigor en 2012 y recogió los precios de mercado de la época del «boom» inmobiliario y asumió, además, los solares urbanizables que se proyectaron durante la citada etapa de crecimiento. Ahora, en unos meses, el nuevo bipartito progresista estará obligado a modificar el IBI urbano en la superficie que tiene calificación de urbanizable que permanece sin ningún uso.
La Dirección General del Catastro tiene registradas en la provincia de Castelló 425.722 unidades residenciales, de las que 47.570 son vacantes, es decir, son urbanizables pero carecen de la construcción pertinente. Asimismo, esta cifra de parcelas sin ejecutar representa el 43 % de la superficie residencial de la provincia. La capital de la Plana suma 87.708 solares residenciales, estando vacantes 5.482.
El freno de la construcción ha dejado casi la mitad de las parcelas sin ocupar, según revelan la dirección general del Catastro. Entre otras poblaciones, Cabanes tiene el 92 % del suelo urbanizable sin edificar, Torreblanca el 77 %, la Llosa el 67 %, Almenara el 64 %, Orpesa del Mar el 62 % y Peñíscola y Moncofa el 58 %.
Asociaciones vecinales, especialmente en la capital de la Plana, auspiciaron una plataforma «contra el IBI Injusto». Algunos propietarios afectados reclamaron primero al ayuntamiento, y luego, ante su silencio o negativa a aceptar sus demandas, acudieron a los tribunales. Todo hacía entrever que los juzgados iban a dar la razón a los vecinos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo. Pero el Gobierno ya se ha adelantado.
