El Ministerio de Industria ha concedido a Iberdrola una prórroga de dos meses para que tome una postura definitiva respecto al futuro del Grupo 3 de su planta de ciclo combinado de Castelló, sobre el que tiene una autorización administrativa del Gobierno para desmantelarlo a raíz de la petición oficial que formalizó en noviembre del año pasado por la caída de la demanda energética. La compañía tenía de plazo hasta septiembre para decidir si mantenía el proyecto de «apagar» parcialmente sus instalaciones en el polígono del Serrallo de la capital o daba marcha atrás pero, según ha podido saber Levante de Castelló de fuentes del sector, ahora podrá alargar la decisión hasta noviembre.
La Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Industria, ha sido la encargada de notificar esta misma semana a Iberdrola esta prórroga, que expiraba a mediados de septiembre. Es la respuesta que ha dado a la solicitud realizada por la compañía el pasado mes de mayo, en la que se recogía su deseo de contar con un periodo de tiempo más amplio para poder analizar con mayor detenimiento la decisión respecto al citado cierre.
Todo ello está enmarcado en la evolución del sector durante los últimos meses ya que, desde que se consideró la necesidad de cerrar el Grupo 3 a la actualidad, la situación ha variado e incluso ahora se estudia la opción de dar marcha atrás al cierre aprobado, aunque todo dependerá de los número actuales sobre la demanda energética. Es por ello el interés que mostró la empresa por disponer de más tiempo de cara a tomar la mejor solución para la compañía y para las necesidades del sector en España.
Todo empezó el 21 de noviembre de 2014 cuando Iberdrola solicitó la autorización administrativa para el cierre y desmantelamiento parcial de la central de ciclo combinado de Castelló ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En concreto, la empresa a pidió poder clausurar uno de los dos grupos de este complejo energético, el número 3, que cuenta con 793 megavatios (MW) de los 1.647 MW totales de capacidad instalada de los que dispone el ciclo castellonense. Iberdrola seleccionó el grupo 3 de la planta de gas de Castellón al considerar que su posible cierre, y posterior desmantelamiento, no afectaría en modo alguno a la seguridad del suministro eléctrico ni en España ni en la Comunidad Valenciana, algo que avalaron con posterioridad tanto desde el Gobierno como desde Competencia.
Tras obtener la autorización ministerial para proceder a dicho cierre el pasado 29 de abril, mediante una Resolución de la Dirección de Política Energética y Minas publicada en el BOE, Iberdrola ya anunció que analizaría la situación antes de decidir si procedía o no a cerrar el citado grupo 3, postura que debía aclarar antes de que acabase septiembre y que ahora, con esta prórroga, podrá dilatarse hasta noviembre.
