El Ayuntamiento de Vall d'Alba aprobó ayer con los votos del PP un dictamen con una serie de medidas para evitar que el consistorio sufrague los 3 millones de euros con los que una sentencia del TSJ valenciano obliga a indemnizar a seis propietarios del sector 5 del polígono industrial por una expropiación de terrenos a la baja. El PSPV se opuso al considerar injusto que sean las empresas instaladas en este espacio industrial las que asuman «una gestión nefasta del PP».
El consistorio firmó un convenio «con las empresas que compraron suelo en el polígono para que, en el caso de que hubiera algún problema económico, fueran éstas las que lo asumieran», explicaron fuentes municipales. «Hemos reunido a las empresas para plantearles soluciones para poder trasladar a los propietarios», dijo la alcaldesa Marta Barrachina, que justificó que el polígono «ha servido para crear cientos de puestos de trabajo y dar un futuro mejor a los valldalbenses».
Barrachina aseguró que el consistorio «no fijó los precios del suelo al azar, se hizo en base a informes técnicos. Los propietarios que no estuvieron de acuerdo tienen todo el derecho del mundo a reclamar en los tribunales lo que consideran legítimo». Propietarios de cuatro de los nueve sectores del plan urbanístico recurrieron los precios de las parcelas que el ayuntamiento expropió, reparceló y vendió a las empresas que se instalaron en el polígono.
El TSJ de la Comunitat Valenciana dictó una sentencia firme en junio de 2014 en la que daba la razón a los propietarios del sector 5 a los que se les expropiaron sus fincas por un valor menor al que consideraban justo y recurrieron. El auto de ejecución del TSJCV valoró estos terrenos en 17,85 euros/m2, explicó el grupo socialista, que destacó que esta estimación «multiplica por ocho el valor de los terrenos».
«Este auto pone negro sobre blanco el engaño y la tomadura de pelo del que fuera alcalde Francisco Martínez a sus vecinos. Los pocos vecinos que se opusieron a este engaño han visto recompensada su valentía, consiguiendo un precio más justo por sus tierras», señaló el portavoz del PSPV Fernando Grande, que valoró que estas sentencias «pueden hipotecar al consistorio diez años».
