Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs, y se procederá a su desmantelamiento cuando puedan existir riesgos.
Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU Lourdes Ciurò el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Según el Gobierno, el Real Decreto ley 13/2014 de 3 de octubre establece una solución equilibrada en la que se determina la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás Transporte, que realizará el mantenimiento y operatividad de las instalaciones.
Esta empresa también se encargará de elaborar los estudios necesarios «de cuyo conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte» la decisión definitiva que determine el futuro del almacén, «debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen».
La hibernación del almacén permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros.
De esta forma, señala el Gobierno, «se mantiene el interés estratégico» del Castor, que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español.
Por otra parte, añade en su respuesta, los informes actualmente disponibles del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España «no permiten aún» emitir una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico de septiembre y octubre de 2013, sino que al contrario «recomiendan» la realización de una serie de estudios adicionales.
Sobre la compensación a Escal UGS, el importe que se reconoce asciende a 1.350 millones de euros, cantidad que no implica «en modo alguno» la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas deban afrontar, en su caso, por su gestión del proyecto y que será «convenientemente exigida» una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios, añade.
