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La causa sobre Castor se atasca por la demora de los informes del Gobierno

El juzgado de Vinaròs, que abrió la investigación sobre la plataforma de gas el pasado enero, no puede citar a declarar a los 18 imputados porque el ministerio sigue sin remitirle la documentación

La causa sobre Castor se atasca por la demora de los informes del Gobierno

La investigación sobre la planta de gas Castor sigue en punto muerto siete meses después de que el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs decidiera abrir diligencias e imputar a 18 altos cargos de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, el Instituto Geológico y Minero Español (IGME) y la empresa Escal UGS (del holding de Florentino Pérez), por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.

El juez instructor del caso, Víctor Capilla, sigue a la espera de que el Gobierno remita los informes solicitados sobre Castor para llevar a cabo la investigación. Según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hasta que el magistrado no obtenga toda la información pertinente no podrá citar a declarar a los imputados, puesto que los interrogatorios se basarán fundamentalmente en la documentación, es decir, en los estudios y trámites que ellos mismos realizaron sobre la plataforma de gas.

Entre los informes solicitados destacan los del Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) y la Universidad de Stanford. El Ministerio de Industria encargó hace más de un año estos estudios sobre los terremotos de Castor y, según anunció entonces, de ellos dependería la la decisión sobre el cierre definitivo del almacén de gas subterráneo. Tal y como publicó este diario el pasado mes de abril, la Fiscalía y el juzgado solicitaron estos informes al entender que pueden ayudar a dilucidar las responsabilidades por los más de 550 terremotos que afectaron al norte de la provincia de Castelló en 2013. El departamento del ministro José Manuel Soria argumentó que no los podía entregar porque todavía no se habían elaborado.

En cualquier caso, éstos no son los únicos estudios requeridos. El juzgado ha pedido informes técnicos sobre Castor previos a la autorización de su instalación, no sólo aquellos posteriores al episodio sísmico. Según explican desde el TSJ, son documentos o datos que han salido a relucir en la investigación de la Fiscalía, pero de los que el juzgado no dispone. El juez no ha fijado un plazo para presentar la documentación por la complejidad técnica del caso. Según señalan las mismas fuentes, parte de la información solicitada no está recogida en informes concretos, sino que corresponde a datos que los distintos departamentos deben recabar.

Por su parte, desde el Ministerio de Industria no ofrecen ninguna explicación respecto a la demora en la entrega de documentación a la causa, pero sí reiteran que están a la espera de los informes de Enagás para decidir si desmantelan la planta o la reabren. Aunque ya existen estudios del Instituto Geológico y Minero y del Instituto Geográfico Nacional que avalan la vinculación entre Castor y los seísmos, el Gobierno considera que éstos no permiten una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico y esperan otros más favorables.

Por ello, ha encargado nuevos informes a la empresa que asumió la instalación desde que se decretó su hibernación en 2014. El Ejecutivo sigue posponiendo así una decisión sobre la que pesan importantes intereses económicos, ya que Castor es considerada una planta estratégica para el suministro del sistema gasista español.

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