Coasveca, coordinadora que agrupa a asociaciones de grupos periféricos de Castelló, prevé solicitar a la Conselleria de Educación que priorice la inversión en los colegios CAES de la ciudad (centros compensatorios de acción educativa especial), que están destinado a alumnos que necesitan una atención especial por residir en zonas con problemáticas sociales.

La capital de la Plana cuenta con tres CAES, San Agustín-Illes Columbretes, Guitarrista Tárrega en el grupo Perpetuo Socorro y Carles Selma en San Lorenzo. Parte de los estudiantes de estos centros forman parte de minorías culturales que se encuentran en situación de desventaja socioeconómica y que requieren una educación especial.

La misión de los CAES es garantizar la escolarización y la igualdad de oportunidades, asegurar la asistencia continuada y luchar contra el absentismo escolar. Estos colegios se caracterizan por el elevado absentismo escolar.

Coasveca destaca la apuesta por la educación pública de la Conselleria de Educación, y dentro de estos nuevos planes cree que se debería centrar inversiones en los citados CAES. Estima que tienen más necesidad que otros centros por las condiciones singulares del alumnado.

El presidente de Coasveca, Francisco Cabañero, subrayó que la federación ultima este mes las demandas que prevé enviar al conseller de Educación, Vicent Marzà.

Patios escolares

No es la única propuesta que han planteado desde el asociacionismo de la capital de la Plana. La asociación de Verge de Lledó, del distrito sur de la ciudad, defiende la apertura en horario no lectivo de los patios de centros educativos para el disfrute del vecindario. Los barrios del sur adolecen en sus proximidades de pistas deportivas y creen que una buena alternativa pasa por facilitar el acceso a las instalaciones deportivas de colegios e institutos de Castelló, que fuera del tiempo lectivo permanecen en desuso. Para ello tendría que impulsarse un convenio entre la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Castelló.

La titularidad de los centros depende de la Administración autonómica, pero la vigilancia durante el uso vecinal de los mismos correspondería al consistorio.