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El Consell aparta a Moliner del puerto e incorpora a Marco y Nomdedéu

La diputación pierde a su representante en la Autoridad Portuaria y descarta su continuidad a través de la cuota del Estado - Compromís presionó a la alcaldesa para entrar en el consejo de administración

El Consell aparta a Moliner del puerto e incorpora a Marco y Nomdedéu

La Generalitat Valenciana renovó ayer el consejo de administración del puerto de Castelló dos meses después de tomar posesión y aparta al presidente de la Diputación de Castelló, el popular Javier Moliner. El órgano portuario se adapta a la nueva realidad surgida de las elecciones del 24M. De la cuota del Ayuntamiento de Castelló, Enric Nomdedéu acompañará a la alcaldesa, Amparo Marco. El vicealcalde presionó para ello, ya que según fuentes municipales, el PSPV pretendía copar las dos plazas municipales.

El Gobierno valenciano, informó ayer el pleno del Consell, nombra a Francisco Toledo como presidente de la Autoridad Portuaria, y cambia tres de sus cuatros puestos en el consejo de administración. Mantiene al empresario azulejero Carlos Cabrera, del que se valora su buena relación con el mundo económico de Castelló, e incorpora al ex concejal del PSPV y coordinador de Capitanía Marítima, Javier Peris; al director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, y a la ex vicerrectora de la UJI, María Ángeles Fernández. Estos tres últimos sustituyen a cargos políticos como Javier Moliner y Vicente Dómine, así como al ex director de la planta de BP en Castelló Emilio Marín.

Con la salida de Moliner, la institución provincial se queda sin representación en el puerto. Lejos quedan aquellos días en los que el ex presidente provincial, Carlos Fabra (ahora en la cárcel por fraude fiscal), tenía mano en la Autoridad Portuaria y promocionaba en 2001 a la presidencia a Juan José Monzonís. Luego Moliner heredó esta plaza y mantuvo, incluso, una disputa con Fabra por el control de la entidad.

El presidente provincial podría continuar en el consejo de administración a través de una de las cuatro plazas reservadas para el Estado. Tres de las mismas están ocupadas de facto por el capitán marítimo, una abogada del Estado y un representante de Puertos del Estado, mientras la cuarta queda liberada para un cargo político. En estos momentos se encuentra en manos del subdelegado del Gobierno de Castelló, David Barelles. Fuentes del PP consideran más que improbable que Moliner sustituya a Barelles por tratarse de un representante externo a la Administración del Estado.

Disputa PSPV-Compromís

La designación de los dos representantes del consistorio de Castelló provocó una disputa entre el PSPV y Compromís. Los socialistas querían enviar al consejo del puerto a la alcaldesa, Amparo Marco, y al teniente de alcalde del Grau, Rafa Simó. Este esquema repetía los roles de los anteriores munícipes populares. Compromís se opuso a la elección de dos socialistas cuando el gobierno está formado por dos partidos. Al final, la alcaldesa transigió y aceptó la inclusión del vicealcalde, Enric Nomdedéu.

Además de los dos regidores, también formará parte del puerto el ex concejal socialista, Javier Peris. De hecho se barajó su nombre para la presidencia, planteado por el sector del PSPV de Castelló afín a Amparo Marco, pero al final el Consell ha optado por Francisco Toledo. Su entrada en el consejo de administración es una forma de compensarle.

Confirmación de Toledo

El nombre del ex rector de la Universitat Jaume I ha sido impulsado por el presidente del Consell, Ximo Puig, que ve en Toledo el perfil institucional adecuado para dirigir el puerto. Se subraya desde su entorno, además, sus buenas relaciones con el empresariado de Castelló.

El consejo de administración está integrado por 17 representantes; cuatro son elegidos por el Gobierno central, cuatro por la Generalitat, dos por el ayuntamiento, uno por la Cámara de Comercio, uno por los sectores económicos del puerto y uno por los sindicatos. El vicepresidente es Rafael Montero, a propuesta de la patronal de Castelló; el secretario, Rafael Breva; y el director, Roberto Arzo. La continuidad de estos tres últimos está en entredicho. Los integrantes cobran dietas por asistencia.

La Autoridad Portuaria depende de Puertos de Estado, pero su gestión ha sido cedida a la Generalitat. Con la próxima llegada de Toledo, que deberá ser ratificada por la entidad estatal, se deja entrever una revisión del actual plan director del puerto.

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