Uno de los puntos de mayor confrontación en el pleno ordinario del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó celebrado ayer, fue el referente a la modificación de créditos propuesta por el equipo de gobierno con el objetivo de destinar los 60.000 euros de un convenio firmado por el Partido Popular con Cáritas para la reforma de sus instalaciones, para ayudas directas a familias en situación de emergencia.
La portavoz del PP, Elena Vicente-Ruiz, tachó al tripartito de «deslealtad política» al no respetar un acuerdo anterior que buscaba «mejorar las condiciones» en que presta sus servicios la organización parroquial. La visión del gobierno municipal es distinta, ya que se considera que estas obras «no son una prioridad en este momento» y ese dinero servirá para ayudar de forma directa a 550 familias que, de este modo, podrán hacer frente a sus necesidades básicas.
El caso es que desde el PP se criticó ayer que no se hubiera precisado a qué iba a destinarse ese dinero, a pesar de que el pasado 17 de agosto, el concejal de Servicios Sociales, Antoni Llorente, ya detalló el destino de los 60.000 euros, que se distribuirían en pequeñas cantidades entre 70 y 300 euros.
Ésta no fue la única modificación de créditos aprobada ayer. También se propuso habilitar una partida para instalar una nueva caldera en las pistas de atletismo, dando respuesta así a una reivindicación «de años», según puntualizó el concejal, Jordi Julià. Se optará por una caldera de biomasa, más eficiente y ecológica. La obra tendrá un presupuesto de 18.000 euros de fondos propios.
Por último, otro de los temas significativos planteados en el pleno fue la moción planteada por el Partido Popular para solicitar que se considere como suelo rústico a efectos catastrales todas aquellas parcelas que se encuentran en planes urbanísticos no desarrollados según la nueva ley estatal aprobada por el Gobierno Central. El PP defiende que ello supondría una reducción considerable en los impuestos a pagar por multitud de afectados ya que, pese a ser suelos urbanizables, pasarían a pagar la contribución como rústicos.
El equipo de gobierno rechazó sin embargo la moción popular alegando que ya se había presentado la documentación necesaria para modificar los pagos. Según la información municipal, se verían afectados los terrenos incluidos en los programas San José, sector 1A y 1B, en zona urbana y los del Polígono Industrial Carmadai y sector 3 en suelo industrial. Desde el gobierno advirtiendo que se reintegrará la diferencia si los primeros cobros del IBI no estuvieran todavía actualizados.
