El mapa de infraestructuras escolares revela que aún queda mucho por hacer en materia educativa en la provincia de Castelló. El curso escolar se iniciará la próxima semana con un total de 304 barracones en los que recibirán clases 4.500 alumnos. Es parte de la herencia envenenada que recibe el nuevo conseller de Educación, Vicent Marzà, quien tendrá que asumir el reto de reducir el número de aulas prefabricadas durante la legislatura.
Para ello, deberán construirse nuevos centros. Siguen pendientes más de 60 actuaciones de los planes Crea Escola y Millora Escola que el PP postpuso al llegar la crisis, aunque en la actualidad ya hay varios centros proyectados. Es el caso del instituto Honori Garcia de la Vall d'Uixó y el colegio Ángel Esteban de Benicarló, que están en construcción, o el Regina Violant de Almassora, el Cardenal Tarancón de Borriana y el Nou Pedro Alcázar de Nules, que ya están licitados.
Estos centros forman parte del listado de los siete colegios e institutos que están formados únicamente por barracones en la provincia de Castelló. Según los datos que presentó ayer la sección de Educación del sindicato UGT, las aulas prefabricadas le cuestan a la Generalitat 1,8 millones de euros por curso, teniendo en cuenta que el precio del alquiler de cada una es de 11 euros al mes.
Programa piloto
El portavoz de la sección sindical de UGT en Castelló, Laureà Puig, valoró ayer de forma positiva el programa piloto anunciado por la Conselleria de Educación para escolarizar de forma gratuita a los niños de dos años. El plan se implantará como experiencia piloto en 33 colegios de la Comunitat Valenciana, de los que siete se encuentran en la provincia de Castelló. Se trata del Roca i Alcaide de Borriana; el Bisbe Climent, el Mestre Canós y el Mestre Armelles de Castelló; el Rosario Pérez de la Vall d'Uixó; y el Concepción Arenal y el Carlos Sarthou de Vila-real.
Estos colegios perdieron unidades educativas entre los cursos 2013 y 2015, por lo que tienen espacio para albergar las nuevas aulas. Además, según subraya Puig, esta medida supondrá ampliar el profesorado, ya que se requiere un maestro y un técnico de educación infantil en cada centro. El representante sindical asegura que aunque la cifra de colegios «es simbólica, la iniciativa es importante», ya que supone dar el primer paso hacia la creación de una red pública de escuelas infantiles, una demanda histórica en el sector educativo.
