Un expediente de la Comisión Europea (CE) sobre el aeropuerto de Castelló pone en jaque el futuro de la base y emborrona el inicio de los vuelos regulares de Ryanair, programados para el próximo martes. La CE ha detectado indicios de ilegalidad en el contrato de concesión de la infraestructura, que obliga a la Generalitat a desembolsar 24,5 millones de euros a la empresa SNC-Lavalin. La concesionaria niega que haya una investigación en curso y alega que fueron ella y los anteriores gestores de la sociedad pública Aerocas los que elevaron una consulta a Bruselas para confirmar que el contrato cumple la normativa.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda detallaron que la Comisión remitió el pasado 15 de abril a la sociedad pública Aerocas una carta informando de la apertura de un expediente al considerar que el contrato con SNC-Lavalin podría constituir una ayuda ilegal por vulnerar la libre competencia. Además, pregunta si la Generalitat aporta algún capital a Ryanair por operar en Castelló.
El PP no informó
Las mismas fuentes censuraron que el anterior consejo de administración de la sociedad pública Aerocas cesó en bloque sin efectuar el habitual traspaso de competencias y sin informar al nuevo Consell de la «patata caliente» que dejó como herencia. Desde la conselleria lamentaron la «irresponsabilidad» y «falta de respeto institucional» de los anteriores gestores de Aerocas.
Hacienda admitió que la investigación abierta «pone en riesgo el aeropuerto de Castelló» y manifestó su voluntad de «salvar» el proyecto cumpliendo con la legalidad. Los servicios jurídicos de la Generalitat trabajan contrarreloj para responder a las preguntas de la CE. Se ha pedido un prórroga que caduca el próximo día 15.
El nuevo presidente de Aerocas, Francesc Colomer, manifestó que intentará resolver «un problema heredado». «Vamos a colaborar al máximo, aunque es evidente que algo no se habrá hecho bien cuando Bruselas ha abierto una investigación».
Auditoría de los contratos
Colomer criticó la «precipitación crónica» con la que actuaron los gobiernos del PP en el aeropuerto, como desmuestra la ineaguración en 2011 sin aviones. El también secretario autonómico de Turismo anunció una auditoría de los contratos. Respecto al que liga a la Generalitat con SNC-Lavalin durante 20 años, destacó que es «muy gravoso».
Por su parte, desde la empresa alegaron que la actuación de la CE responde a una consulta planteada por ella misma y por el anterior equipo gestor de Aerocas, presidido por José Císcar, para confirmar que el contrato cumple con la normativa.
Preocupación de Puig
El president de la Generalitat, Ximo Puig, señaló que el Consell «está revisando hasta el último detalle» el contrato de gestión del aeropuerto. Según dijo, la investigación de la CE «es preocupante porque ya tenemos una crisis abierta con la Ciudad de la Luz; sólo faltaría que se abriese otra con el aeropuerto de Castelló».
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, respondió que la actuación del anterior Consell fue «correcta» y manifestó la «total disposición» del PP a colaborar. Según Bonig, «el procedimiento con Aerocas se hizo con todos los informes».
