Pocos dudan de que el Plan de Actuación Urbanística de Mestrets ha pasado a mejor vida. Las nuevas coaliciones progresistas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Castelló descartan retomar un PAI nacido en la épocas de vino y rosas que contemplaba 6.000 viviendas de entre cinco y 15 alturas en una superficie de l 700.000 metros cuadrados en el noroeste de la ciudad. Pero también parece que se rindieron los anteriores responsables del Consell, los principales promotores de este desarrollo a través del antiguo Instituto Valenciano de Vivienda. El ejecutivo valenciano ordenó en marzo, a dos meses de las elecciones, ampliar otros dos años la suspensión del PAI.
En septiembre de 2012, la Conselleria de Vivienda decidió frenar Mestrets por un periodo de dos años a la vista de que era imposible impulsarlo por dos razones: la anulación del mismo por parte de la justicia y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (integra las funciones del extinguido Ivvsa) avanzó que el 6 de marzo se prorrogó otros dos años la paralización del PAI. En este tiempo analizarán, añadió, el futuro de los de 697.000 metros cuadrados donde el Consell popular diseñó la principal pastilla urbanística de Castelló.
En el seno de los actuales gobierno municipal y autonómico no hay ningún interés en recuperar el PAI dentro de dos años. PSPV y Compromís se opusieron contra el mismo en sus años de oposición y el pacto de gobierno municipal incluye la renuncia al programa de Mestrets.
Pero este propósito no es óbice para que el proyecto urbanístico se erija en una de las principales patatas calientes en materia urbanística de esta legislatura en Castelló. Diversas constructoras adquirieron en su momento el 80 % de suelo con la idea de ejecutar el PAI. La inversión rondó los 100 millones de euros. Ahora, los terrenos son propiedad en su mayor parte de entidades financieras. El Consell podría verse inmerso en pleitos judiciales si los titulares del suelo reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios, aunque los anteriores responsables de la Conselleria de Vivienda señalaron en su día que no tenían la obligación de abonarlas porque cuando se anuló por primera vez el PAI por parte de los tribunales (2008), todavía no se había aprobado la reparcelación. Si esta sentencia se hubiera producido con la reparcelación ya finalizada, la Generalitat se habría visto amenazada a sufrir un alud de pleitos judiciales que, probablemente, hubieran comportado el pago de unas compensaciones millonarias. Además, el PAI no habría podido seguir adelante porque se vino abajo el «boom» urbanístico.
«Si no hubiéramos resistido nos habría pillado el estallido de la burbuja», afirman desde la asociación de Mestrets Borriolenc, un grupo de vecinos que se levantó contra el derribo de sus viviendas.
