El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se mostró ayer «contento» tras conocer que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad ha solicitado un informe a la Intervención del Estado para seguir ahondando en el caso Piaf que investiga presuntas relaciones contractuales irregulares entre el, entonces, consistorio en manos del Partido Popular y la mercantil PIAF, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores. A pesar de que el munícipe quiso respetar la confidencialidad del proceso y rehuyó ofrecer más información, sí que se congratuló de que el tema «esté cogiendo entidad» y señaló que «el juez está haciendo lo que cree conveniente». Asimismo, se mostró satisfecho «al haber cumplido con nuestra obligación de denunciar el caso y anular 600.000 euros en facturas falsas que, por el momento, no hemos pagado ni un euro y, de habernos despistado, tal vez ya nos habría tocado pagar», advirtió.
Cabe recordar que un informe del interventor del consistorio, y que también pasó a manos del juez, «ya advirtió que las facturas eran falsas y, por tanto, desestimó que se tuvieran que pagar». Al parecer, según este informe, los trabajos no se realizaron o fueron realizados por los propios funcionarios del ayuntamiento. Como ya ha anunciado en multitud de ocasiones, el munícipe reiteró que «defenderemos donde haga falta los intereses de la ciudad». En este sentido, manifestó su deseó porque, al final, «se haga justicia y los responsables de todo esto lo paguen». «Mi responsabilidad fue anular esas facturas y así lo hice», recalcó. «El juez consideró válido el informe de nuestro interventor pero quiere seguir investigando», dijo Benlloch. Mientras el caso no se archive, todo parece indicar que la denuncia que presentó el actual equipo de gobierno por la vía penal sigue en pie y el juez sigue viendo indicios de presuntas irregularidades en el caso.
