La empresa adjudicataria del PAI Golf Sant Gregori está negociando la entrada de capital ucraniano para salvar el proyecto urbanístico. El equipo de gobierno debe decidir antes del día 29 de septiembre qué hacer con el expediente de rescisión del contrato de adjudicación de los trabajos que abrió el anterior equipo de gobierno lo que, en la práctica, conlleva tomar una decisión sobre el futuro del PAI y si, realmente, se apuesta por su ejecución y se confía en Golf Sant Gregori para seguir adelante.
En estos días cruciales, ayer se celebró una reunión que implicó a todos los grupos políticos con representación en el consistorio y a miembros de la urbanizadora. En el encuentro participó también, de la mano de estos últimos, un representante del grupo inversor ucraniano que estaría dispuesto a entrar en el accionariado para inyectar liquidez y asegurar que el PAI puede seguir adelante.
Según fuentes cercanas a la empresa, la firma se dedica tanto a la construcción como al negocio inmobiliario y estaría dispuesta a entrar con más del 20 % que está en manos de la adjudicataria ya que estaría dispuesta a comprar más terrenos para construir.
Ahora, se abre un periodo de consulta ya que la firma inversora ha pedido toda la documentación del proyecto y promete concretar su postura «en unas semanas».
Decisiones de futuro
El equipo de gobierno se encuentra ahora, más que nunca, entre la espada y la pared para decidir el futuro del proyecto. Precisamente la adjudicataria del PAI envió a la alcaldesa, la socialista Mª Josep Safont, un documento el pasado día 10 instando al gobierno local a replantearse la rescisión del contrato y apostar, esta vez sí, por la suspensión del proyecto durante dos años hasta que se consiguiera financiación externa. En el escrito, desde la empresa enumeraban las ventajas de adoptar esta postura y los problemas a los que se llegaría de no tomar esta decisión, como abrir una batalla judicial. De hecho, desde la firma advierten que debe dictarse la caducidad del expediente de rescisión abierto en su día por el PP, tal como emana de un informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El expediente caduca el día 29 y, si no se toma ninguna decisión antes, se daría por muerto. El gobierno local tendría, sin embargo, la posibilidad de abrir otro, incluso, dejando tiempo entre los dos para replantearse su postura o, por el contrario, se podría aceptar la decisión la suspensión.
