El Ayuntamiento de Vinaròs y la UTE Puerto Vinaròs II han sido sancionados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana al pago de 6.000 euros por el vertido a principios del año 2013 de tierras negras procedentes de las obras del puerto en un solar municipal. Asimismo, la Generalitat también impone la retirada de estas tierras, unos 10.000 metros cúbicos.
Así lo confirmó ayer el edil de Obras y Servicios y primer teniente de alcalde de Vinaròs, el socialista Guillem Alsina, quien dijo que asumirán el pago de la parte correspondiente al ayuntamiento, 3.000 euros, por ser propietarios de los terrenos afectados, aunque en lo referente a la retirada de las tierras negras habrá que estudiarlo ya que no aparece autorización alguna que autorice el vertido.
Los hechos se remontan a enero de 2013 cuando la asociación de vecinos Migjorn denunció públicamente el vertido de tierras negras en un solar municipal situado en el PAI del IVVSA y que procedían de las obras de remodelación del puerto. Los socialistas se reunieron entonces con Migjorn y preguntaron sobre el vertido al equipo de gobierno del PP, que presidía Juan Bautista Juan.
Alsina recuerda que el anterior equipo de gobierno les facilitó, para argumentar el vertido, unas analíticas del año 2008, cinco años antes de los vertidos, y de un terreno que no estaba especificado. Ante esto, los socialistas presentaron una denuncia ante la Dirección General de Calidad Medioambiental explicando los hechos. A finales del 2013 la policía autonómica se desplazó a la zona y sacó unas muestras con lo que se dio por iniciado un expediente sancionador por parte de la administración valenciana. Según este expediente, la sanción era por una infracción grave y la cantidad inicial de la misma era de 10.000 euros, detalló Alsina.
«A principios de 2014 el ayuntamiento alega que todo está restaurado, tras una recomendación de la conselleria. Pero lo que se hizo fue retirar 78 m3 de tierra y compactar la zona, presentando una factura de más de 3.000 euros para demostrarlo», explicó el edil socialista. Tras varios trámites y una nueva inspección, la Dirección General de Medio Ambiente confirma el 10 de agosto de este año la sanción e impone el pago de 6.000 euros a ambas partes, ayuntamiento y UTE, además de la obligación de retirar las tierras negras vertidas en el solar.
Sin autorización municipal
Alsina explicó que «no existe ningún documento firmado que hayamos encontrado donde se autorice este vertido, la única constancia es una alegación donde Juan dice que se dio permiso por el ayuntamiento». El primer teniente de alcalde apuntó que «ni servicios técnicos municipales ni la técnica de Medio Ambiente del ayuntamiento tienen constancia del permiso».
Alsina confirmó ayer que se asumirá el pago de la sanción, pero se estudia asumir el coste de la retirada de las tierras negras, que podría suponer total de 200.000 euros. El edil argumentó que, tras consultar con los servicios jurídicos municipales, «tampoco queda claro quién se deberá finalmente hacer cargo de la totalidad de los gastos de los trabajos de retirada del vertido realizado». Por último, Alsina aseguró que «todo se ha hecho mal desde un principio», añadiendo que la UTE «no tenía el RIA, la documentación para seguir la trazabilidad de los vertidos».
