El Ayuntamiento de Castelló rebajará en 2016 la tasa de las terrazas en los establecimientos hosteleros y estudia bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles a las familias vulnerables, según avanzaron fuentes municipales.
La alcaldesa, Amparo Marco, encomendó esta semana a los servicios técnicos la realización de un informe con el objetivo de aplicar las propuestas fiscales progresivas incluidas en el programa de gobierno. PSPV y Compromís apuestan por aplicar una tributación que tenga en cuenta criterios de renta, y por otro lado, medidas para activar la economía local. En este segundo caso, quiere disminuir la carga fiscal en los bares, que en 2012 vieron incrementada la tasa de ocupación de vía pública en más de un 100%.
A falta de que los técnicos concreten las nuevas ordenanzas fiscales, entre otras medidas, el ejecutivo local pretende reducir el citado gravamen de ocupación de vía pública en los bares. También plantea eliminar la tasa de apertura en los nuevos negocios.
Por su parte, la progresividad afectará principalmente al Impuesto de Bienes Inmuebles, la principal fuente de ingresos del consistorio. Los partidos de izquierdas reclamaron más «justicia social» en el mismo en la pasada legislatura y protagonizaron un debate ideológico con el Partido Popular a colación de la política de bonificaciones. Los populares apostaron por aplicar descuentos en el IBI a las familias numerosas y rechazaron una reducción para las personas en paro o en riesgo de exclusión social, como propuso el Partido Socialista.
Ahora, en el gobierno, el PSPV valorará la renta en el pago del IBI. El equipo de gobierno descarta aumentar este tributo a las rentas más altas, ya que legalmente, sostiene, no tiene posibilidades para ello. Podría hacerlo con una revisión catastral, pero la próxima modificación apunta una reducción de los valores actuales. La anterior se fundamentó en datos de la época del «boom» inmobiliario. Este catastro se activó en 2012 y duplicó las cifras anteriores, comportando un importante aumento del IBI. El ejecutivo del PP rebajó el año pasado el coeficiente catastral, lo que disminuyó la subida del IBI del 10 % a un 5 %.
Así, la progresividad se ceñirá a bonificaciones en el IBI a las familias con menos recursos de Castelló. Además, esta medida podría extenderse a la tasa de la basura.
Por otro lado, el ayuntamiento pretende potenciar el pago fraccionado de impuestos y enviará al primeros de año una carta informativa a los contribuyentes donde especificará los importes que han de abonar y los diferentes formatos que tienen para hacerlo.
Menos ingresos del IBI
En tasas e impuestos el margen de maniobra del ayuntamiento será escaso. Continúa en vigor el plan de ajuste y el consistorio deberá seguir con las políticas de austeridad, mientras los ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles bajarán con la reclasificación de urbano a rústico de los solares que permanecen sin urbanizar y sin ordenación pormenorizada. Desde la Concejalía de Hacienda están a la espera de recibir un informe que cuantifique qué dinero de menos se dejará de percibir por el IBI, aunque apuntan que la merma será menor de la esperada inicialmente. Podría rondar cerca de los dos millones frente a los cinco previstos.
Para compensar esta menor recaudación tributaria vinculada a la contribución, el ayuntamiento incrementará la inspección contra el fraude fiscal y perseguirá, entre otros, a los vados de aparcamiento irregulares.
Un presupuesto con coste «real» de las partidas
El equipo de gobierno de progreso estrenará en 2016 su primer presupuesto municipal. Las cuentas de este año fueron elaboradas por los antiguos munícipes del PP y han condicionado la acción del nuevo ejecutivo local, ya que muchos gastos y proyectos se encuentran comprometidos.
En 2016, la hoja de ruta económica dependerá en exclusiva de los concejales progresistas. La cantidad del presupuesto será similar a la de este año, pero se quiere pegar un giro de 180 grados en la forma de diseñarse y en las prioridades de gasto. De entrada, el ejecutivo local quiere programar unas cuentas «realistas» que recojan el coste real de las partidas. Según el gobierno, el PP fijaba consignaciones insuficientes en algunos gastos para cuadrar el presupuesto. También vinculaba ingresos a la venta de inmuebles que luego no se materializaba. Esta práctica, añade, dejaba en el tintero inversiones prometidas y obligaba a impulsar facturas sin contrato -reconocimientos extrajudiciales de créditos-?para saldar el dinero de más que necesitaban las concesionarias públicas.
