El departamento número tres de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha solicitado el nombramiento de un instructor para seguir investigando la denuncia que hizo en mayo de 2014 el PP sobre presuntas irregularidades en los gastos de representación del equipo de gobierno. En concreto, los populares señalaron a un total de 35 facturas presentadas por el alcalde, José Benlloch, referentes a comidas y desayunos por un valor total de cerca de 8.000 euros.
Ayer, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo, anunció la reciente decisión del tribunal y aseveró que el consistorio «continuará defendiéndose y presentando los informes que ya elaboró la intervención municipal donde haga falta para avalar nuestra honorabilidad», subrayó.
Respecto a un posible recurso, Serralvo se mostró prudente y dijo que harán «dentro de la defensa legal de los intereses de la ciudad, lo que los técnicos y los servicios jurídicos determinen que es mejor». En cuanto a otros próximos pasos a seguir dentro del procedimiento, el edil comentó que desconoce los siguientes trámites aunque se mostró «seguro de la legalidad en todas las facturas» y manifestó que la denuncia «no tiene más salida que la verdad».
En este sentido, el edil reiteró que los recibos -a los que el PP se refiere como el gasto en «cañas y tapas» del alcalde- corresponden a «gastos fiscalizados fruto de la representación y atención protocolaria normal». Asimismo, recordó que ya en la pasada legislatura «disminuimos los gastos de representación y cambiamos el sistema de pago a pagos a justificar para agilizar el cobro de los proveedores», explicó.
Por su parte, el edil popular Alejo Font de Mora mostró ayer su «total respeto» a las decisiones judiciales y comentó que la decisión del Tribunal de Cuentas venía a «confirmar que el propio tribunal ratifica las dudas que desde el PP tenemos sobre estos pagos. Es la justicia la que debe actuar y nosotros respetaremos cualquier decisión al respecto», agregó.
El perfume era ambientador
El caso se remonta a poco antes de los festejos patronales en honor a Sant Pasqual de 2014, cuando los populares denunciaron la situación. En su día, vertieron acusaciones de presunta malversación de fondos contra Benlloch cuando todavía ésta no era alcalde por haber comprado, según aseguraron, «cremitas y perfumes» en una tienda en Madrid. Más tarde, los populares se vieron obligados a rectificar ya que interpretaron erróneamente el sistema de datación americano por lo que los perfumes -que en realidad eran ambientadores para varias dependencias del consistorio- se adquirieron el tres de diciembre de 2011 (cuando Benlloch ya estaba en alcaldía) y no el 12 de marzo de 2011. Actualmente el munícipe tiene pendiente interponer una demanda contra el líder del PP, Héctor Folgado por aquellas manifestaciones. Tal y como marca la ley y tras un acto de conciliación fallido el pasado 25 de marzo en el que Folgado no se retractó en sus palabras ni pidió disculpas y mantuvo la acusación contra Benlloch, el primer edil anunció medidas legales para que el caso no quedara impune.
Todo apunta, pese a que todavía no se ha hecho público, a que la vía escogida del procedimiento será la civil por lo que Benlloch reclamaría una cuantía económica por daños y perjuicios. Cantidad que, ya confirmó que entregará a una entidad social de la ciudad.
Guerra política
Además de la cuestión judicial, el caso ha sido una casi constante batalla política entre populares y socialistas. Ayer Serralvo acusó la noticia «a que el PP sigue estando en la justicia y sin entender el mensaje que los ciudadanos han dado en las urnas».
También acusó la acción pública de los populares de «electoralista y difamatoria» e hizo referencia a la posible marcha de Folgado al Congreso de los Diputados como número dos de la provincia. «Solo quiere abrirse camino dentro de su partido y le da igual lo que pase en su ciudad», lamentó Serralvo. Folgado, en cambio, siempre ha dicho que el caso responde a «la obligación de la oposición de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno».
