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La exedil de Policía de Onda declara en los juzgados por una querella de acoso

La concejala Ballester, ahora en la oposición, prestó declaración junto a los dos jefes del cuerpo

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Onda, Carmen Ballester, prestó declaración el pasado lunes en el juzgado número 2 de Nules como querellada en el proceso abierto contra ella por la posible comisión de un delito de acoso laboral a un funcionario del consistorio (delegado de personal) en su época de concejala de Policía en el gobierno local de Salvador Aguilella. Junto a ella prestaron declaración también el lunes los dos jefes que ha tenido el cuerpo de Policía durante los últimos años, José Ignacio Esparza y Miquel Ángel Izquierdo.

Así lo confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) después de la información difundida al respecto por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).

Según relataron ayer desde el sindicato, los supuestos hechos comenzaron a finales de 2010 cuando desde la sección sindical se empezó a reclamar los derechos de los trabajadores y posteriormente los querellados «comenzaron a dictar y establecer órdenes y decretos para menoscabar y atacar personalmente al delegado en sus funciones y trabajo, haciéndole la vida poco cómoda», según un comunicado enviado a este rotativo.

Los ahora querellados ocupaban cargos de responsabilidad durante este periodo, y entre ellos la exconcejal de Personal y Policía, Carmina Ballester, ahora en la oposición, el exjefe de la Policía Local, José Ignacio Esparza, actualmente en la plantilla de Rojales, y el oficial de Policía Miguel Ángel Izquierdo, quien en estos momentos ejerce la jefatura. Todos ellos declararon el lunes, aunque la declaración del querellante todavía está pendiente y sin fecha, según fuentes del TSJCV. «Como era habitual en aquella época por parte del consistorio de Onda, la sinrazón prima por encima de los derechos y buen hacer, con la vulneración reiterada de los derechos y libertades de los funcionarios públicos», añadieron.

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