El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha desestimado las solicitudes formuladas por Escal UGS y por la Abogacía del Estado y mantiene la competencia para llevar a cabo la instrucción de la causa del proyecto Castor. El juzgado investiga supuestos delitos de prevaricación medioambiental a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Castelló presentada el año pasado en relación con la actividad de la plataforma, donde la inyección de gas provocó más de 300 microseísmos en las costas de Vinaròs en septiembre de 2013.
El juez titular desestima las pretensiones de la Abogacía del Estado y de la empresa Escal UGS, que explotaba la planta -en la que ya no hay actividad-, que pedían inhibición de la causa por falta de competencia. El juez entiende, como también lo hace la Fiscalía, que el juzgado es plenamente competente.
Escal UGS mantenía en el recurso que la competencia para instruir las diligencias correspondía a los Juzgados de Madrid, basándose en que a su entender, el lugar de comisión de todos los delitos investigados es tal localidad. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso al entender que la parte imputada «no puede promover en este momento procesal una cuestión de competencia por declinatoria y no correspondería la admisión a trámite de la misma». La Abogacía se adhirió a la petición de Escal UGS y la Asociación Nacional Arca Ibérica se opuso a la pretensión de la empresa.
El juzgado, en la resolución del recurso, entiende que el delito contra el medio ambiente, es decir, las consecuencias de la inyección de gas, se produjeron en territorio ubicado dentro del partido judicial de Vinaròs, como describe la denuncia. De hecho, añade el juez, este extremo «no se discute por ninguna parte».
En cuanto a la prevaricación, el juez entiende que efectivamente las decisiones se tomaron en Madrid, pero, de acuerdo al artículo 326 del Código Penal, se establece el delito medioambiental como más grave que el de prevaricación y al tratarse de una «pluralidad de delitos», procede mantener la atribución de competencia de los Juzgados de Vinaròs. Por todo ello rechaza los recursos y se declara al juzgado de Vinaròs competente para instruir la causa.
Cabe recordar que la tardanza del Gobierno central a la hora de presentar los informes requeridos por el juez sobre la planta de gas Castor está demorando la investigación judicial. De hecho, el titular del juzgado no ha citado a declarar todavía a los imputados de la causa a la espera de recibir los datos necesarios para llevar a cabo los interrogatorios.
