La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) impiden expresamente la posibilidad de que jueces y fiscales sean citados a declarar por motivo de sus funciones. El artículo 399 de la LOPJ determina que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia». Y, si precisan «datos o declaraciones que pueda facilitar un juez o magistrado, que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso». Igualmente, el artículo 55 del EOMF regula que «ningún miembro del Ministerio Fiscal podrá ser obligado a comparecer personalmente por razón de su cargo o función, ante las autoridades administrativas».
De hecho, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, manifestó ayer sus dudas jurídicas respecto a la petición de Ciudadanos de que la jueza Nieves Molina, que instruye la causa del accidente de metro de Valencia, comparezca en la comisión de las Corts que arranca la semana que viene. Oltra ve «aristas» en esta petición por que la causa sigue abierta y por aquello de la separación de poderes, al tiempo que ve menos problemas en que comparezca la fiscal de la primera instrucción, Asunción Calvo.
Tal como adelantó el jueves, Levante-EMV, Ciudadanos quiere citar a la juez y a la fiscal para que aclaren cuestiones de la investigación. El PP se ha sumado a la petición de Ciudadanos, el PSPV lo ve ilegal, mientras que Compromís no se ha pronunciado formalmente, aunque las palabras de Oltra evidencian que no lo ven claro.
