Tras varios años de recortes presupuestarios y desavenencias con la Generalitat, la Universitat Jaume I espera un giro en la política educativa que ponga a la institución pública entre las prioridades del nuevo Consell. Y para hacer efectivo el cambio es necesario mejorar la financiación. Así lo manifestó ayer el rector del campus castellonense, Vicent Climent, en el acto de apertura del nuevo curso académico, al que asistió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

«Las universidades exigimos el restablecimiento de la financiación ordinaria para garantizar la sostenibilidad y la calidad», subrayó el rector en su discurso inaugural. De esta manera, reclamó al Consell que la dotación se restaure «al menos» al nivel de 2010, antes de los recortes que han supuesto una merma de 13 millones anuales desde 2013.

Climent aprovechó el encuentro, al que también asistió el conseller de Educación, Vicent Marzà, para recordar la deuda histórica que la administración autonómica mantiene con la universidad y cuyo plan de pago fue «reiteradas veces incumplido» por el anterior Consell . «Sólo pedimos al nuevo gobierno valenciano el cumplimiento del convenio firmado respecto al calendario de pagos acordados, que permitirá en los primeros años concluir la primera fase de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud», señaló el rector. El convenio al que hizo referencia fue firmado «in extremis» el pasado mes de diciembre y suponía costear las obras por valor de 17,5 millones de euros entre 2015 y 2017. El resto de la deuda histórica, 41,2 millones, se abonaría con anualidades transferidas desde el ejercicio 2017 hasta el 2022.

En este sentido, el rector de la UJI aseguró que son «conscientes de las dificultades económicas y financieras por las que atraviesa nuestra comunidad, fruto de una financiación deficiente que imposibilita atender de manera adecuada los servicios generales básicos como la sanidad, la educación y la asistencia social». Por ello, manifestó el apoyo de la universidad castellonense «para reivindicar ante el Gobierno central una financiación autonómica justa, una inversión territorial adecuada y la satisfacción de la deuda histórica con la Comunitat Valenciana».

Nueva etapa

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se abstuvo de lanzar promesas y dejó claro que el gobierno autonómico tiene escaso margen de actuación. «Ahora empieza una etapa bien distinta a la que acabamos de dejar atrás. Ahora llega el momento de materializar el giro que hemos de impulsar», aseveró el jefe del Consell, quien, sin embargo, advirtió de que su actuación «se ve frenada por el impacto fortísimo de las hipotecas que otros contrajeron y que nosotros hemos de arrastrar». Tras enumerar los recortes en educación sufridos en España en los últimos años, reiteró la necesidad de «un mecanismo de financiación autonómica justo que nos permita luchar por nuestro sistema educativo».

Mientras tanto, el Consell ha puesto en marcha varias «medidas de urgencia para evitar que ningún estudiante quede fuera de nuestro sistema universitario por razones económicas», señaló Puig. Entre las iniciativas emprendidas, destacó la partida de un millón de euros para ayudas extraordinarias de acceso a la universidad a personas con pocos recursos, «eliminando el absurdo requisito del 5,5», la nota que se que se pedía para optar a las becas.

Puig es consciente de que estas medidas «no son suficientes, son sólo una primera acción de choque que irá seguida de otras iniciativas, como un plan de reducción progresiva de las tasas universitarias que haga realidad la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos».

En este sentido se pronunció también el rector, Vicent Climent, quien reconoció «el esfuerzo que ha hecho el nuevo Consell de la Generalitat durante los pocos meses de legislatura con unas políticas que apuntan hacia la dirección que venían reclamando las universidades públicas valencianas». Así, abundó en la necesidad de reducir las tasas de grados y másteres y de que «esta bajada no afecte a la financiación de las universidades valencianas, pues entonces iría en detrimento de la docencia y de la investigación y, en consecuencia, del servicio público ofrecido a la sociedad».