Tal como había anunciado el jueves pasado, el equipo de gobierno de Borriana, integrado por PSPV, Compromís y Podemos Borriana, aprobó ayer en un pleno extraordinario dar por caducado el expediente que abrió el anterior equipo de gobierno para quitarle la condición de urbanizador a la firma Golf Sant Gregori y reabrir uno nuevo «por prudencia jurídica». Un informe del Consell Jurídic Consultiu (esgrimido por la empresa) defendía que legalmente el expediente estaba caducado por lo que, según defendieron ayer fuentes del gobierno local era arriesgado ejecutarlo directamente.
Pese a prescindir del procedimiento ya abierto, el gobierno local sí aprobó abrir un segundo proceso de rescisión aunque, con la esperanza de que en el tiempo restante hasta que se tenga que ejecutar, el PAI tenga una salida viable de la mano de sus actuales adjudicatarios. Así se desprende del ánimo con el que desde el equipo de gobierno se tomó la decisión y de las declaraciones realizadas por el responsable de Urbanismo, Bruno Arnandis: «Rescindir ahora la condición de urbanizador significaba enterrar definitivamente este proyecto urbanístico para el progreso de nuestra localidad, que es lo que quiere el PP. Nosotros queremos ser optimistas y mirar hacia el futuro, pensando en lo que resulta más prudente jurídicamente para los intereses municipales».
De esta manera, el urbanizador tendrá más tiempo para intentar (como ya lo han manifestado) reflotar el proyecto con capital externo, en concreto un grupo inversor ucraniano. Las otras dos opciones eran aprobar la suspensión de 2 años que solicitaba la empresa adjudicataria o bien rescindir el contrato y apostar por una adjudicación directa desde el consistorio o buscar un nuevo inversor. En este caso y según recordó ayer el concejal «si hubiéramos ido a la rescisión supondría paralizar por completo el programa urbanístico con el consiguiente panorama de inviabilidad que significaría su reanudación. Reprogramar, reparcelar y realizar un nuevo proyecto de viabilidad de Sant Gregori supondría una cifra millonaria que el Ayuntamiento de Borriana no podría asumir».
Desde el gobierno recordaron el «agravante» de que la Dirección General de Costas dio por caducada la regeneración de la zona de litoral que incluía el proceso «hacerlo de nuevo supondría respetar el límite de 500 metros de la línea de playa».
La mercantil y Bankia como avalista tienen ahora un periodo de 10 días para presentar alegaciones al acuerdo municipal. Los propietarios disponen de 20 días.
