El Ayuntamiento de Torreblanca ha reiniciado el proceso para resolver la adjudicación de las obras del Sector III de Torrenostra, después de que el anterior expediente caducara al no haberse cerrado en los seis meses que marca la normativa. El equipo de gobierno pretende terminar las obras pendientes valoradas en 13.000 euros con el aval de la constructora. El plan, aprobado en 2003 y adjudicado en 2005, tiene una superficie de 185.000 metros cuadrados.

El consistorio inició el expediente para resolver la adjudicación de las obras a Augimar por no haber cumplido los plazos establecidos en agosto de 2014. El procedimiento se validó por pleno en marzo de esta año. «La Sociedad de Garantía Recíproca, uno de los propietarios, interpuso un recurso en el que reclamó la caducidad del expediente, que es nulo al haber pasado más de seis meses», explicó la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva.

«Tenían que haberlo resuelto antes para que hubiese dado tiempo, por lo menos, a notificar a los propietarios», lamentó Villanueva, que acusó de este error al anterior ejecutivo. «Se tienen que archivar las actuaciones e incoar otro expediente. Tenemos seis meses para acabarlo. Las alegaciones que había se han incorporado al nuevo expediente», indicó Rosana Villanueva, que recordó que las obras pendientes de ejecutar están valoradas en 13.000 euros.

Por otra parte, Villanueva informó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana todavía no se ha pronunciado sobre el recurso que interpuso la Sociedad de Garantía Recíproca después de que el consistorio incautara durante la legislatura pasada 432.000 euros del aval para la construcción de una zona deportiva incluida en el plan. «En noviembre hará un año del recurso», recordó la responsable de Urbanismo.

Por otra parte, el pleno acordó acogerse al plan de atención a las personas demandantes de asilo y refugiados de la Comunitat Valenciana, así como adherirse a la red de ayudas para la adquisición de libros de texto de la Generalitat. En esta punto, José Antonio López del PP pidió que se aplicaran criterios de renta a la hora de conceder las subvenciones. La corporación decretó los días 22 de enero, 29 de febrero y 2 de mayo como festivos en el calendario escolar.