Más de cien millones de euros invertidos en dos desaladoras inactivas. La entidad estatal Acuamed sigue buscando la fórmula para poner en marcha las plantas de Cabanes-Orpesa y Moncofa, cuyas obras están finalizadas pero que no han entrado en funcionamiento por la negativa de los ayuntamientos a cumplir el convenio que firmaron hace casi una década, por el que se comprometieron a devolver en 25 años la inversión avanzada por el Estado.
¿Cuándo aportarán agua las dos desaladoras de Castelló? «Muy pronto», responden de forma vaga fuentes de Acuamed, que precisan que en estos momentos negocia con los cinco municipios conectados (Orpesa, Cabanes, Benicàssim, Moncofa y Xilxes) tarifas accesibles.
En los últimos meses, técnicos ministeriales han mantenido diversos encuentros con los ayuntamientos. El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, confirma que hubo una reunión el mes pasado. «Trasladamos a los representantes de Acuamed que es inasumible para el ayuntamiento sufragar 1,3 millones de euros anuales -en concepto de amortización de la planta más el consumo de agua-cuando nuestro presupuesto oscila entre 10 y 12 millones de euros», explica. Alós incide en la necesidad de revisar los convenios de las desaladoras, que se impulsaron en plena fiebre del ladrillo para dar de beber a urbanizaciones que se vieron truncadas por el estallido de la burbuja.
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, mantuvo otra reunión con Acuamed antes del verano. «Nos trasladó su intención de poner en marcha la planta de Cabanes-Orpesa antes que finalice el año, aunque sea con un mínimo de producción», aseveró. El ayuntamiento respondió que no inyectará agua desalada a la red general sin conocer antes su coste, máxime cuando no hay necesidad de nuevos caudales.
La alcaldesa benicense explicó que el plan de amortización de la planta obliga a Benicàssim a pagar un millón de euros al año, una cantidad que considera desorbitada e inasumible. «En Cataluña, el Estado asume un 80 % del coste de las desaladoras y los ayuntamientos el 20 % restante, mientras que aquí es al revés», censuró al Susana Marqués, quien también instó a revisar los convenios, que suponen una losa para los municipios y condicionan sus presupuestos.
Por otra parte, hay información contradictoria sobre la fecha en que caducan los fondos europeos con los que se financiaron las plantas. Acuamed venía argumentando la necesidad de poner en marcha las desaladoras este año para no perder las ayudas, mientras que ahora sostiene que no peligran porque las obras ya están finalizadas. Por su parte, la Comisión Europea indicó que las plantas deben estar en uso en 2017 para no retirar la financiación.
Fuentes ministeriales explicaron que la solución para la puesta en marcha puede pasar por ampliar el plazo de 25 años de amortización, con lo que la cantidad anual que abonarían los ayuntamientos sería menor. Otra fórmula podría ser establecer un periodo de carencia, durante el cual los municipios sólo pagarían por el agua y no por las obras.
El problema de fondo es que no existe una demanda que sustente a las desaladoras, que se proyectaron para abastecer a unos complejos inmobiliarios (los famosos PAIs de golf) que nunca vieron la luz.
