La herencia de los proyectos urbanísticos de la época del Partido Popular, que coincide también con los años del enorme crecimiento urbanístico valenciano, vuelve a irrumpir en la política vila-realense. Según reveló el alcalde, José Benlloch, el consistorio ha tenido que abonar recientemente una cantidad próxima a los 150.000 euros en concepto de intereses derivados de dos fallos judiciales.
En este caso se trata de dos sentencias que hacen referencia a la urbanización del Madrigal y al colegio Botànic Calduch, pero se añaden a una larga lista de pagos referentes a sentencias urbanísticas que han costado 15 millones de euros a las arcas municipales en los últimos años.
Para el dirigente socialista, los 150.000 euros que tendrá que abonar suponen «una cantidad importante que nos permitiría, por ejemplo, poder hacer frente a los gastos por los libros de texto o abonar la paga extraordinaria a los trabajadores municipales que el Gobierno central les quitó en 2012, cantidades que ahora habrá que buscar de otro sitio».
Sentencias
En el caso de la sentencia del Madrigal, los propietarios afectados reclaman el cobro de intereses por una cantidad de prácticamente 117.000 euros. La sentencia se remonta al año 2005, cuando el PP, entonces en el gobierno municipal, expropió unos terrenos por 146.000 euros, frente a los 437.000 euros que la justicia reconoció que se deberían haber pagado en el año 2014. Una diferencia de algo más de 290.00 euros que el ayuntamiento ya abonó a finales de año, y por los que ahora paga los intereses a los propietarios.
La otra sentencia, más reciente, supondrá el pago de 38.000 euros en concepto de intereses, que los propietarios reclaman tras la sentencia de 2013 que les reconocía el derecho a cobrar unos 641.000 euros por unos terrenos por los que «el PP no les había pagado ni un euro». «Esta sentencia se abonó en 2014 y ahora, al igual que en el fallo del Madrigal, los propietarios reclaman los intereses a los que tienen derecho», apuntó Benlloch.La estrategia del equipo de gobierno pasará ahora por abrir una negociación con los propietarios para limitar el daño que estos pagos harán a las arcas municipales.
