Las ansias urbanizadoras de los ayuntamientos en la etapa de vacas gordas se encontraron en muchas ocasiones con los reparos de la Confederación Hidrográfica del Júcar por no acreditar disponibilidad de recursos hídricos. Los consistorios primero ideaban una urbanización y luego ya demandaban a la administración competente las dotaciones públicas necesarias. Esta practica ha descendido en los años de crisis pero ha continuado. Así queda constatado en una respuesta del Gobierno central al senador de Compromís por Castelló, Carles Mulet, que revela que hasta trece revisiones de planes generales de municipios de Castelló han tenido informes negativos por parte de la CHJ en los últimos cuatro años.
Mulet preguntó por escrito al Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre los proyectos urbanísticos (modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, Programas de Actuación Integrada, entre otros) que han recibido informe contrarios de la Confederación Hidrográfica de Júcar durante les últimos cuatro años en la demarcación provincial de Castelló (ya sea por falta de recursos hídricos, por afección a cuencas, o cualquier otro motivo).
En la contestación, el Gobierno señala que han contado con alertas de la CHJ los PGOU de Peñíscola, Castelló, Villanueva de Viver, Nules, La Pobla de Benifassà, Albocàsser, Borriol, Arañuel, Orpesa, Xodos, Alquerías del Niño Perdido, Cabanes y Traiguera.
En la capital de la Plana cita informes negativos en dos modificaciones del Plan General. En Peñíscola, la Confederación Hidrográfica del Júcar señala que no se ha acreditado la disponibilidad de recursos hídricos, no se ha justificado la no incidencia de la actuación en el régimen de corrientes, y añade que no ha podido comprobar si se respeta la ordenación propuesta el dominio público hidráulico. En Traiguera, nombra la no justificación de la disponibilidad de recursos hídricos, afecciones al dominio público hidráulico y una incidencia en el régimen de corrientes.
La mayoría de las reticencias de la CHJ se refieren a modificaciones en el PGOU. Los informes de la CHJ son consultivos, con lo que las propuestas urbanísticas que analizan pueden seguir adelante a pesar del informe en contra.
Según Mulet, «estos datos evidencian que el problema de suministro hídrico que se mantiene como el gran problema en todo el territorio». «Se planifican actuaciones sin contar como algo tan básico como es saber cómo se suministrará el agua. Luego vienen los problemas de las restricciones, de la sobreexplotación de acuíferos y de las destrozas ambientales. Todo porque se permite hacer antes el tejado que los cimientos en el urbanismo que se ha venido practicando, donde no estaba pensado para solucionar necesidades, sino como objeto de especulación pura y dura», concluyó el senador.
