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CHJ

Borriol traspasa a diputación las multas por sus vertidos

El municipio lleva años esperando una nueva EDAR o la prometida conexión con la estación de Castelló

El Ayuntamiento de Borriol considera que debe ser la Diputación de Castelló quien asuma las sanciones que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) impone de manera periódica por los vertidos de la depuradora del municipio. El consistorio borriolense contactó con la CHJ para trasladarles que, según la información que poseen, la administración provincial es la responsable del mantenimiento de la planta y, por lo tanto, de las multas que se deriven de su gestión. El concejal José Miguel Carbó informó que el consistorio pagó 17.800 euros en 2014 por estas sanciones.

«No queremos pagar estas multas. No tenemos el mantenimiento de la depuradora», criticó ayer el alcalde de Borriol, Silverio Tena. El consistorio recibe desde hace años sanciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar por los vertidos de la planta ya que su capacidad no es suficiente para atender las necesidades actuales del municipio. «Tenemos una depuradora para 2.500 habitantes y somos más de 5.000», aseguró Tena.

La CHJ ha multado en varias ocasiones al consistorio por estos vertidos durante los últimos años. De hecho, ésta era una de las principales razones para construir una nueva planta de tratamiento de aguas en Borriol. La última sanción que ha recibido el ayuntamiento es de 1.500 euros, una práctica que se repite varias veces al año. El equipo de gobierno defiende que debe ser la administración provincial quien las pague.

Así lo exigió el primer teniente de alcalde y diputado de Compromís, José Miguel Carbó, esta semana en el apartado de ruegos del pleno de la Diputación de Castelló. Tanto Carbó como Silverio Tena en la sesión plenaria de Borriol, celebrada también el pasado martes, recordaron que la corporación cedió en julio del año 1993 la explotación del saneamiento y gestión de las aguas al ente provincial, a propuesta de la Diputación de Castelló. Carbó añadió que la Epsar admitió que la responsable de la planta es el ente provincial.

El equipo de gobierno borriolense remitió un escrito a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) y a la Diputación de Castelló exponiendo la situación en que se encuentra la depuradora. El consistorio pidió a ambas instituciones que adopten «de manera urgente las medidas oportunas para que no se produzcan vertidos en el dominio público». El alcalde Silverio Tena explicó que la Epsar contestó argumentando que «no tenían competencia». Tena lamentó que la administración provincial todavía no haya respondido a este requerimiento.

José Miguel Carbó, que aprovechó el pleno para reprocharle a la administración provincial que no haya contestado al escrito del consistorio, dijo que el Ayuntamiento de Borriol pagó 18.700 euros durante el ejercicio 2014 en concepto de «canon de control de vertidos».

Sin fecha para la conexión

Por otra parte, el alcalde criticó los retrasos del colector que acabaría con los problemas de depuración de la localidad. El alcalde Borriol incidió en que, un año después de que el presidente de la Diputación de Castelló Javier Moliner presentara las obras del colector que sustituirá a la nueva depuradora, «no está ni el proyecto». La administración provincial informó en octubre de 2014 que los problemas de depuración de aguas de Borriol estarían resueltos «en pocos meses».

La Diputación de Castelló enterró el proyecto de una nueva depuradora para Borriol después del polémico intento de compra de unos terrenos vinculados al exvicepresidente provincial Francisco Martínez para construir la planta por cerca de 140.000 euros. Esta operación, que no se llevó a cabo después de que fue denunciada por Compromís, acabó con la destitución de Martínez y la dimisión del exalcalde de Borriol Adelino Santamaría. Ambos fueron imputados por este caso y serán juzgados.

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