30 de octubre de 2015
30.10.2015

Casi 30.000 personas necesitadas reciben ayuda alimentaria en Castelló

Una población equivalente al 5 % del censo provincial acude en busca de sustento a los bancos de alimentos gestionados por las ONG

30.10.2015 | 08:38
Casi 30.000 personas necesitadas reciben ayuda alimentaria en Castelló

Una población equivalente a la de Vinaròs acude a los bancos de alimentos en busca de algo que llevarse a la boca. O lo que es lo mismo, 28.460 castellonenses, el 5 % del censo provincial, necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

Son las cifras escalofriantes aportadas por el Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet y que reflejan bien a las claras que la herida de la crisis sigue abierta y deja un rastro de pobreza y exclusión social.

Las estadísticas también constatan una reducción del número de personas que recurren a los bancos de alimentos regentados por organizaciones sociales, lo que podría interpretarse como un síntoma de recuperación. Sin embargo, el senador Carles Mulet atribuye este descenso de usuarios al endurecimiento de las medidas para acceder a las ayudas alimentarias. Así, señala que la resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 25 de febrero de 2015 «supuso la criminalización de las personas que sufren exclusión social y pobreza en el territorio español». Con esta resolución, el ministerio estableció los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones encargadas del reparto de alimentos provenientes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

«Las entidades sociales que se dedican altruista y voluntariamente a repartir alimentos entre la población más necesitada han visto cómo se complica más el papeleo solicitado por el FEGA y esto puede suponer que las entidades solidarias no puedan suministrar alimentos por culpa de las más que desorbitadas exigencias del Ministerio», señala Mulet.

Papeleo

Según el senador, la nueva normativa establece que las organizaciones voluntarias de reparto de alimentos han que aportar, por cada persona a la que se entrega un lote de comida, un informe de los servicios sociales públicos o de trabajadores sociales acreditando la situación de exclusión o vulnerabilidad de la persona receptora de los alimentos. De este modo, «organizaciones tan humildes como las Cáritas locales, las asambleas de Cruz Roja, Manos Unidas y otras asociaciones de voluntarios tendrán que disponer de un informe individualizado por cada uno de los usuarios para continuar haciendo una tarea de la cual nadie se beneficia económicamente y que permite subsistir a miles de personas», denuncia.

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