La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) remitió un requerimiento al Ayuntamiento de Borriol en el que pedía medidas cautelares con «carácter urgente» para mejorar el tratamiento de aguas de la actual depuradora, que el consistorio hizo llegar a la Diputación de Castelló y a la empresa Facsa, que realiza el mantenimiento de la planta. De no respetarse las indicaciones propuestas, la CHJ amenazó con multas de hasta 1 millón de euros, según explicó el concejal José Miguel Carbó.
El también diputado por Compromís advirtió de esta circunstancia en el pleno de la Diputación de Castelló de esta semana. El requerimiento llegó el pasado mes de mayo, aunque el consistorio todavía no ha recibido ninguna comunicación al respecto. La CHJ trasladó la exigencia de acabar con los problemas de tratamiento de la actual depuradora, petición que el Ayuntamiento de Borriol hizo llegar al ente provincial, la empresa que realiza el mantenimiento y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar).
Según explicó Carbó, la Epsar argumentó que no tiene competencias en la gestión de la planta y que éstas corresponden a la Diputación de Castelló. José Miguel Carbó lamentó que la administración provincial no haya respondido a la comunicación del consistorio. El Ayuntamiento de Borriol defendió que el mantenimiento de la planta corresponde a la Diputación de Castelló. La corporación cedió en un pleno de julio de 1993 la gestión de la planta a la Diputación de Castelló, destacaron desde el equipo de gobierno.
La CHJ solicitó que «se tomen las medidas cautelares necesarias» ya que, según entendió este ente, «eran los hechos indicativos de un infradimensionamiento de las instalaciones de depuración». La Confederación Hidrográfica del Júcar pidió también que «comunicara a este organismo en el plazo de un mes las medidas propuestas para tratar adecuadamente la totalidad de las aguas residuales», señaló el concejal.
Por ello, el consistorio defendió que debe ser la Diputación de Castelló quien asuma las consecuencias de la insuficiente capacidad de la planta que, según recordaron desde el equipo de gobierno, fue ideada para 2.500 personas, cuando Borriol tiene actualmente más de 5.000 habitantes.
Para Carbó, «la Diputación de Castelló, única responsable de los hechos ocurridos, tiene que hacerse cargo de las sanciones que puedan ser objeto de este expediente».
La construcción de la nueva planta fue descartada por el polémico intento de venta de unos terrenos vinculados al exvicepresidente provincial Francisco Martínez para ubicar la infraestructura. La Diputación de Castelló anunció hace un año las obras de un colector entre Castelló y Borriol para acabar con los problemas de depuración de la localidad.
