El juzgado de Segorbe ha archivado de manera definitiva la denuncia presentada contra el exalcalde, Rafael Calvo y los siete concejales del anterior equipo de gobierno del PP de Segorbe, por un presunto delito de prevaricación administrativa y desobediencia a la autoridad judicial, tal y como consta en el auto del 29 de octubre del juzgado.
La querella fue interpuesta por un vecino de la localidad, Francisco Pérez Ardit, vinculado a Segorbe Participa, el pasado 4 de septiembre de 2014, al considerar que se estaba incumpliendo una sentencia judicial en la que se anulaba la ordenanza municipal que regula los festejos taurinos y el montaje de entablados. Actualmente, la causa que concierne a la legalidad o no de la ordenanza taurina continúa en el TSJCV por la vía contencioso administrativa, pendiente de resolución después de que el ayuntamiento presentase ante la alta instancia la modificación de la nueva ordenanza.
Y es que, después de que el pasado mes de junio el juez segorbino ordenase el sobreseimiento libre y levantara la imputación sobre los ocho concejales, el denunciante volvió a recurrir la decisión y pidió al fiscal su pronunciamiento ante los hechos. Ahora, tanto la Fiscalía como el juzgado han dictaminado el libre sobreseimiento de la causa contra los populares al carecer «por completo de fundamento penal» y ha declarado su archivo definitivo.
De los que fueron imputados en su día, tan solo Vicente Hervás, Miguel Barrachina y Mª Carmen Climent continúan en la corporación municipal.
Hechos del 2004
Los hechos se remontan a 2004, cuando se aprobó en pleno las ordenanza reguladora de los festejos taurinos en la localidad con los votos a favor de todos los grupos políticos. El denunciante presentó un recurso contencioso-administrativo que finalizó en 2008 y anuló dos artículos y un anexo de la ordenanza que hacían referencia a la licitación pública de los entablaos y al derecho de los ciudadanos a acceder a la plaza.
En 2008, el ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza modificada que fue recurrida por el demandante por considerar que no se aplicaba el cumplimiento de la sentencia. En abril de 2014, el TSJ volvió a darle la razón y anuló la ordenanza modificada de 2008. En agosto del pasado año, el ayuntamiento la modificó de nuevo y aprobó en pleno la normativa.
Pérez Ardit volvió a recurrirla por considerar que «incurría en las mismas ilegalidades» que las dos anuladas anteriormente e inició, por la vía penal, una querella contra los ocho concejales del PP que votaron a favor de la última modificación. El juez admitió la querella e imputó a los ediles que fueron a declarar el 15 de diciembre. En junio, el juez ordenó el sobreseimiento de la causa que el querellante volvió a recurrir y que ahora se ha ratificado.
