El Observatorio del Ebro advirtió de la posible aparición de terremotos en el entorno de la planta Castor en la primera parte de la tramitación del proyecto-en la fase de consultas de la concesión-. La Dirección General de Política Energética, que se encargó en esta fase de analizar la viabilidad técnica y geológica del almacén de gas, fue consciente de ello pero no vio «destacable» la advertencia sísmica. Por ello, eludió pedir al Instituto Geológico y Minero de España que analizara este riesgo.
El ex director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria (de 2004-2009), Jorge Sanz, realizó ayer esta explicación ante el juez de Vinaròs que instruye la causa Castor, que investiga presuntas irregularidades en el proyecto del almacén de gas por eludirse el estudio del riesgo sísmico, según la acusación de la Asociación Nacional de Arca Ibérica. Hay 18 imputados de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y responsables de la exconcesionaria que participaron en el decreto de concesión de 2008, la declaración de impacto ambiental (2009) y la autorización administrativa para la construcción del almacén (2010).
Según Arca Ibérica, Sanz indicó que el expediente de la Dirección General de Política Energética contempló el análisis del diseño técnico y del riesgo geológico (porosidad, seguridad de la estructura y estabilidad de la falla), excluyéndose el sísmico. Admitió que en el periodo de previo de información pública recibieron documentos, entre otros el del Observatorio del Ebro, donde se identificaban posibles riesgos sísmicos por la inyección de gas. Afirmó que se dio traslado de las alegaciones a la promotora para que las respondiera.
Sobre las conclusiones del Observatorio del Ebro, señaló que el organismo de Industria no «estimó oportuno incluir entre los puntos del informe requerido al Instituto Geológico y Minero la evaluación de riesgos símicos al considerar que, según la información disponible en aquel momento, no era destacable dicho riesgo». El IGME se limitó a validar la propuesta de la empresa.
Los cuatro técnicos del IGME señalaron en las pasadas declaraciones que eran conocedores del informe del Observatorio del Ebro, pero sostuvieron que la cartografía de la época señalaba el litoral de Vinaròs como zona con bajo «riesgo sísmico». La plataforma en Defensa del Sènia recuerda que la concesionaria le contestó que la sismicidad era de solo un 0,04%. A partir de septiembre de 2013, con la planta ya operativa, cerca de 500 terremotos se sucedieron en la costa norte de Castelló provocados por la inyección de gas, según confirmó otro informe del Instituto Geológico y Minero.
Por otra parte, Sanz señaló que la evaluación ambiental de la planta correspondía al Ministerio de Medio Ambiente. Indicó que en la documentación presentada por la empresa había un estudio de impacto ambiental, pero que el análisis del mismo era cosa de Medio Ambiente al depender la posterior declaración de impacto ambiental.
