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La Vall d'Uixó negocia con cuatro bancos para evitar desahucios en el municipio

El consistorio ya se ha reunido con Caixa Sant Vicent para tratar 10 casos de forma individualizada

La Vall d'Uixó negocia con cuatro bancos para evitar desahucios en el municipio

El equipo de gobierno de la Vall d'Uixó está desplegando el protocolo antidesahucios que se aprobó en el primer pleno de la nueva corporación municipal, hasta el punto de que ya son dos entidades bancarias, Bankia y Caixa Sant Vicent, las que se han sentado en la mesa de negociación que ha impulsado el ayuntamiento.

La concejala de Vivienda, Carmen García, ha detallado que en la reunión que mantuvo en la mañana de ayer con el director de Caixa Sant Vicent, Alberto Almarza, se ha trabajado «de forma individualizada con 10 casos, que son de los que tenemos constancia desde el Ayuntamiento y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)». Además, estudiarán la posibilidad «de que pongan viviendas vacías a disposición de los ciudadanos y ciudadanas en alquiler social», remarca la concejala por medio de un comunicado de prensa.

En este sentido, Carmen García ha remarcado que Grupo Cajamar (donde se integra Caixa Sant Vicent) «ha acordado con la conselleria facilitar un interlocutor en tema de desahucios, ceder viviendas para alquiler social y aceptar la moratoria de desahucios mientras se aprueba la nueva ley».

Hasta el momento, la concejala se ha reunido, junto a la abogada del servicio de mediación hipotecaria que presta el consistorio y el técnico municipal de Vivienda, solo con Bankia. No obstante, BBVA y Abanca también han contestado positivamente a la carta que se ha enviado a todas las entidades bancarias para participar en estas mesas de negociación, señalan las mismas fuentes.

La responsable del área municipal de Vivienda ha recordado que en el pasado pleno del mes de octubre «aprobamos elevar a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central la necesidad de crear una nueva ley hipotecaria que contemple realmente el artículo 47 de la Constitución».

Asimismo, ha afirmado que desde el Ayuntamiento «nos comprometimos a dar soporte institucional a la PAH en todas sus medidas, entre ellas exigir una nueva ley que incluya alquiler digno, segunda oportunidad, vivienda garantizada y que no se corten los suministros básicos (luz, agua y gas) a las personas en situación de vulnerabilidad».

Carmen García ha incidido en la necesidad de crear un Instituto Observatorio de la Vivienda «porque España sufre la anomalía de ser el país de Europa que más viviendas vacías tiene, unos 3,5 millones, a la vez que es el que más ejecuciones hipotecarias ha realizado desde 2007, casi 700.000». Por ello «tenemos que tomar medidas serias desde las instituciones», ha añadido.

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